Miércoles 06 de Mayo de 2026

El discurso de odio difundido desde el poder ya no puede seguir disfrazándose de simple “polarización democrática”.

A estas alturas resulta evidente que se trata de una maquinaria constante de confrontación social, diseñada para dividir al país entre categorías morales artificiales: pueblo y traidores, buenos y malos, leales y enemigos.

No es una desviación accidental del régimen; es uno de sus mecanismos centrales de control político.

Durante años se ha intentado presentar esta dinámica como una forma de justicia histórica o de reivindicación popular. Pero detrás de la retórica emocional aparece algo mucho más viejo y más peligroso: el uso sistemático del resentimiento como herramienta de cohesión política.

El obradorismo entendió muy pronto que gobernar desde la confrontación permanente ofrece ventajas evidentes.

¿Cómo funciona un país dividido?

Un país dividido piensa menos y reacciona más. Un ciudadano emocionalmente movilizado deja de exigir resultados concretos y empieza a defender identidades políticas como si fueran credos morales.

Poco a poco, el impulso emocional termina sustituyendo al juicio crítico. Por eso el régimen necesita enemigos todos los días.

Si la inseguridad empeora, la culpa es de los conservadores. Si la economía no despega, la responsabilidad pertenece al neoliberalismo. Si las instituciones cuestionan al poder, son parte de una conspiración oligárquica. Si los periodistas investigan corrupción o vínculos criminales, son mercenarios del viejo régimen.

La lógica es brutalmente simple: desplazar cualquier discusión racional hacia un conflicto emocional donde el gobierno siempre pueda presentarse como víctima.

El victimismo se ha convertido en parte esencial del régimen.

Éste es el verdadero corazón del populismo contemporáneo: convertir el debate público en una guerra tribal.

El problema es que la realidad mexicana ya comenzó a perforar el aparato propagandístico. La violencia se expande y regiones enteras viven bajo control criminal.

El Estado pierde capacidad territorial, y mientras tanto, el gobierno continúa atrapado en una narrativa maniquea donde todo se reduce a “ellos contra nosotros”.

La reciente crisis relacionada con funcionarios resulta especialmente devastadora porque golpea la ficción moral construida durante años.

Morena llegó al poder afirmando que representaba una ruptura ética con el pasado corrupto.

Hoy enfrenta cuestionamientos que sugieren algo mucho más incómodo: el problema nunca fue solamente un partido, sino la fragilidad estructural del propio Estado mexicano.

 

México atraviesa una etapa de deterioro institucional que hace apenas unos años habría parecido inimaginable.

El régimen ya no sabe gobernar fuera de la confrontación. Ésta es quizá su mayor limitación intelectual y política.

Cada crisis se responde con propaganda. Cada crítica con descalificación. Cada señal de deterioro institucional con más discurso ideológico. El país se incendia lentamente y el poder responde organizando ceremonias narrativas diarias donde todavía intenta convencer a millones de mexicanos de que viven un momento fundacional para la historia nacional. Nada más lejano de la realidad.

¿Puebla gobierna desde la confrontación?

Puebla empieza a reflejar con nitidez ese mismo modelo.

El caso del cablebús es revelador no por el sistema en sí mismo, sino por la lógica política que lo rodea.

 

El proyecto fue presentado como símbolo de modernidad social, casi como una obra moralmente incuestionable. Ahí aparece el problema: cuando una infraestructura pública deja de discutirse técnicamente y se convierte en objeto ideológico, el debate racional desaparece.

Ya no importa si es lo mejor para la ciudad, o si cuenta con los permisos necesarios, si el proyecto era prioritario, rentable o integral.

La pregunta es si uno está “a favor de la transformación”.

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La obra pública deja entonces de pertenecer al terreno de la planeación urbana y entra al territorio de la propaganda política.

El ciudadano recibe imágenes espectaculares, discursos épicos y campañas permanentes de promoción gubernamental.

En Puebla incluso se ha normalizado que ciudadanos reciban llamadas telefónicas automatizadas explicando las supuestas virtudes del proyecto, como si la infraestructura pública necesitara mecanismos de persuasión política propios de una campaña electoral.

Mientras tanto, contratos, costos, prioridades y beneficios reales quedan sepultados bajo toneladas de narrativa emocional y total opacidad.

¿Por qué el régimen desacredita constantemente a sus opositores?

 Ésta es la tragedia de los colectivismos: sustituyen ciudadanía por militancia emocional.

La sociedad deja de organizarse alrededor de instituciones y empieza a hacerlo alrededor de fidelidades políticas. El individuo crítico incomoda porque rompe el relato.

Por eso, el régimen necesita desacreditar constantemente a periodistas, académicos, jueces, clases medias, universidades y cualquier espacio autónomo que todavía conserve capacidad de cuestionamiento.

Lo más preocupante es que muchos mexicanos ya comenzaron a normalizar esta degradación. Se normaliza el insulto desde el poder. Se normaliza la destrucción deliberada del lenguaje democrático. Se normaliza llamar enemigos a quienes disienten. Se normaliza que el gobierno reduzca problemas complejos a propaganda maniquea y se normaliza incluso la erosión institucional.

Las democracias suelen morir exactamente así: cuando la sociedad se acostumbra. La historia política del siglo XX ofrece suficientes advertencias sobre los costos humanos de las sociedades atrapadas por el fanatismo ideológico.

México todavía conserva elecciones, oposición y espacios de libertad. Pero sería ingenuo ignorar la dirección del deterioro.

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El discurso del odio no busca convencer; busca dividir. No intenta elevar el debate público; intenta intoxicarlo. El régimen de Morena necesita ciudadanos enfrentados entre sí porque un país fragmentado resulta más fácil de manipular políticamente.

Sin embargo, el resentimiento tiene límites. Llega un momento en que ninguna narrativa alcanza para ocultar la violencia, la corrupción, la captura criminal, la militarización o el desgaste institucional.

La propaganda puede retrasar la realidad. No puede sustituirla indefinidamente. Las recientes acusaciones internacionales contra figuras políticas vinculadas a Sinaloa representan precisamente eso: la realidad imponiéndose sobre el relato.

Y quizá ahí comienza el verdadero problema para Morena. La realidad es terca y ya empezó a desobedecer el discurso del poder.

 

 

 

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