Miércoles 19 de Agosto de 2026 |
El 4 de marzo de 2026, el gobernador envió al Congreso de Puebla una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado y sus Municipios; diez días después ya estaba aprobada. La rapidez no demuestra subordinación por sí sola, pero cuando se repite casi siempre en el mismo sentido surge una pregunta incómoda: ¿en qué momento una institución deja de ejercer sus atribuciones y comienza a anticipar lo que el Ejecutivo espera de ella? Ahí empieza el gobierno de la simulación, no porque las instituciones sean falsas —el Congreso sesiona, los municipios celebran cabildos, las dependencias publican estudios—, sino porque el procedimiento puede seguir intacto mientras pierde capacidad para cambiar el resultado. La ley no desaparece; llega después de la instrucción. Max Weber distinguió la administración basada en reglas impersonales de la obediencia propia de una corte. En una burocracia moderna el funcionario responde a competencias y responsabilidades definidas; cuando la lealtad sustituye al criterio profesional, no hace falta cerrar oficinas ni derogar leyes, basta con que todos conozcan la respuesta correcta antes de que comience la discusión. Puebla ofrece señales que merecen examen, no una condena automática, y la prueba de autonomía es sencilla: saber si una autoridad puede corregir al Ejecutivo, exigirle documentos o sostener una decisión incómoda sin pagar un costo político desproporcionado.
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¿Qué sucede con el cablebús en Puebla?
El cablebús permite observarlo. El proyecto ha cambiado de trazado, extensión, estaciones y proyecciones, mientras el gobierno asegura que existen decenas de estudios y parte de la información técnica y ambiental ha permanecido reservada o fuera del acceso público. Una reserva puede tener fundamento legal y una obra compleja puede cambiar durante su preparación; lo problemático es que los documentos destinados a evaluarla aparezcan tarde o incompletos mientras la obra avanza como una prioridad ya resuelta. Un estudio técnico sirve cuando puede modificar el proyecto; si sólo aparece para justificarlo, se convierte en coartada administrativa. La comparecencia de José Luis García Parra debía aclarar esas dudas y, aunque hubo preguntas y respuestas, los aplausos fueron más visibles que la exigencia de documentos. Si existen estudios suficientes, las y los diputados deben pedirlos y comprobar quién los elaboró, cuándo y con qué metodología, porque una respuesta oral puede convencer; un expediente completo permite verificar. Cuando la ciudadanía termina una comparecencia sin acceso a los elementos centrales, el Congreso habrá cumplido el protocolo, no necesariamente su función. Consultas, dictámenes y licitaciones plantean el mismo problema: una convocatoria demuestra que hubo procedimiento, no competencia real; una consulta acredita que alguien fue escuchado, no que pudiera alterar el resultado; un dictamen prueba que existe una justificación escrita, no que la decisión haya nacido de ella. La autonomía municipal también se mide en los hechos. Puebla tiene 217 municipios y el artículo 115 constitucional les reconoce personalidad jurídica, hacienda y gobierno propio, pero esa autonomía pierde contenido cuando un municipio sólo puede elegir entre obedecer o perder capacidad de gestión. El Congreso merece la misma revisión. La disciplina partidista no equivale automáticamente a sumisión, aunque una mayoría deja de funcionar como contrapeso cuando renuncia habitualmente a modificar, demorar o interrogar lo que llega del Ejecutivo; para medirlo bastan datos sobre iniciativas aprobadas sin cambios sustantivos y comparecencias que producen, o no, documentos verificables. Los nombramientos ofrecen otra ventana: María Fernanda Cruz Domínguez fue designada directora general de Museos Puebla y el debate relevante no está en sus actividades musicales o dancísticas, sino en qué experiencia exige el cargo, cómo fue evaluada, qué objetivos deberá cumplir y por qué el organismo ha cambiado varias veces de mando en tan poco tiempo. Un perfil heterodoxo puede funcionar y un especialista fracasar; por eso los criterios deben ser públicos y verificables. Ninguna de estas señales, aislada, demuestra una deriva autoritaria. Las mayorías tienen derecho a gobernar, ciertos expedientes pueden reservarse conforme a la ley y no todo nombramiento extraño implica incompetencia; el problema aparece cuando se repiten decisiones rápidas, controles débiles, información tardía y una burocracia que parece conocer de antemano el desenlace. Tal vez parte de esto sea desorden o improvisación: si las contradicciones nacen de incompetencia, estamos ante una administración que no puede sostener sus decisiones; si nacen de obediencia política, ante una que no quiere someterlas a control. En ambos casos hacen falta evidencia pública, contradicción real y procedimientos capaces de producir una respuesta distinta de la deseada.
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Puebla conserva Congreso, municipios, organismos públicos, procedimientos y leyes; la duda no es si existen, sino si todavía cumplen la función que justifica su existencia. En un gobierno de simulación, el decorado permanece impecable y los actores conocen sus líneas; lo inquietante es que el final parece escrito antes de que se levante el telón. |
