Pese a que las empleadas le han hecho saber a la directora del Registro Civil sobre su conducta inapropiada, la funcionaria ha optado por hacerse de la vista gorda
¡Vecinas, vecinos!
Con la noticia de que después de 26 meses, dos marchas, cinco jueces, incontables tuits y una paciencia a prueba de instituciones, al fin tenemos noticias que medio huelen a justicia: Seis agresores de las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López irán a prisión preventiva por tortura. Entre los acusados hay cinco policías y un exjuez municipal.
Sí, leyeron bien: un juez.
O sea, el que supuestamente debía impartir justicia estaba más bien ensayando para casting de villano de novela de narcos.
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Porque aquí no hablamos de errores administrativos, sino de detención ilegal, tortura, abuso y documentos alterados.
Lo peor: todo esto por cubrir una marcha del 8 de marzo. Qué peligroso eso de andar con micrófono y dignidad, ¿no? Este pequeño paso no se lo debemos al Estado de Derecho iluminado por la buena fe de las autoridades.
No.
Fue gracias a que Michelle Hoyos no se calló, no se rindió, no se vendió y no se dejó intimidar. Literal, tuvo que gritar lo que el Poder Judicial debería haber escuchado desde el primer día: Que la violencia institucional contra periodistas no puede ser la norma. Y mientras las órdenes de aprehensión viajan por el limbo burocrático, la exalcaldesa Irene Olea —quien según se dice, ordenó la detención de las hermanas— sigue tan campante, más cerca del spa que del banquillo.
Porque en México, si eres funcionario y te dicen “imputado”, puedes responder tranquilamente:
“¿Imputado yo? ¿Con qué ropa?”
Por cierto, Natalie Hoyos, la otra periodista agredida, hoy dirige el Sistema de Información del estado de Puebla. Un dato que probablemente tiene a más de uno temblando… no de miedo, sino de vergüenza, porque mientras unos construyen con trabajo, otros tienen que esconderse tras placas y togas mal ganadas. Así que sí, este fallo judicial es un rayo de esperanza, pero también un triste recordatorio de que en este país, la justicia llega tarde, llega a empujones y, a veces, llega cuando ya no hay nadie en la silla del acusado.
Pero al menos, esta vez, llegó. Aunque sea para encender la luz en un cuarto donde hace mucho que reinaba la oscuridad. * Donde las cosas se están poniendo cada vez más complicadas es en el Registro Civil del estado Puebla. Las y los trabajadores no solo tienen que lidiar, de manera diaria, con una abrumadora demanda ciudadana, sino que ahora hay que sumarle la hostilidad y el acoso sexual y laboral por parte de nuevos funcionarios. Las quejosas aseguran que estos personajes recién llegados no solamente pretenden que se les rinda pleitesía, sino que además se les soporten sus galanteos y sus proposiciones indecorosas. Ahí está el caso del abogado de nombre Alexander Martínez Cruz, quien se ostenta como el segundo de abordo de la titular de la dependencia, Paola Mayté Gorzo Lozada. Pese a que las empleadas le han hecho saber, en numerosas ocasiones, a la directora del Registro Civil sobre la conducta inapropiada de este depredador sexual, la funcionaria ha optado por hacerse de la vista gorda.
Dicen que a Gorzo Lozada la ciega la confianza que le tiene a este sujeto que viene de la pasada administración y que la ha puesto al tanto de los jugosos negocios que se pueden hacer al amparo de los juzgados del Registro Civil en el estado.
Cuentan que gracias a los buenos oficios de este abogado que cobra como juez del Registro Civil, pero que en los hechos hace las veces de Subdirector General, supuestamente ha podido acceder al dinero sucio que ingresa a la dependencia todos los días.
Por eso, diiiiicen, la directora le perdona todo, incluso hasta su debilidad por las chicas que laboran en la dependencia, en particular aquellas que son empleadas de confianza y que son las más susceptibles de perder su trabajo en caso de protestar por los tocamientos, las miradas lascivas y las constantes insinuaciones de carácter sexual.
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Vecinas, vecinos, nos leemos mañana.
Acuérdense que el que se enoja pierde.
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