La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles que la próxima semana iniciará procesos judiciales contra los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, imputado por corrupción, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidiera avances unas horas antes.

La FGR tiene denuncias de Lozoya contra el exministro de Hacienda Luis Videgaray, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros altos funcionarios.

El anuncio del Ministerio Público se produjo horas después de las quejas de López Obrador, que en su conferencia matutina diaria consideró que las averiguaciones del caso "están llevando ya mucho tiempo".

"Pero ya creo yo que es necesario, lo digo de manera muy respetuosa, porque la Fiscalía es autónoma, creo yo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación. Sobre esta investigación y otras", manifestó.

¿QUIÉN ES Y DE QUÉ SE LE ACUSA?

Emilio Lozoya, quien dirigió Pemex (2012-2016) y el área internacional de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), está acusado de recibir sobornos de la brasileña Odebrecht y asociarse con su madre, su esposa y su hermana para esconder su identidad en el caso.

También es presunto implicado en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes inservible Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA).

Por el caso de la planta de fertilizantes, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y a su madre, Gilda Austin, de 72 años, quien pasó cerca de cien días detenida tras su arresto en julio pasado en Alemania.

Gilda Susana ya se había amparado de forma exitosa en octubre pasado contra una primera orden de arresto que se desechó.

Tras la extradición de España el 17 de julio, el exdirector de Pemex afronta dos procesos judiciales por cargos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Sin embargo, a pesar de haberse fugado el año pasado, el juez que lo vinculó a proceso solo le impuso en julio la prohibición de salir del país y la vigilancia con un brazalete electrónico.

El plazo para la investigación complementaria vence el próximo 7 de marzo, fecha tras la que se fijará una audiencia judicial intermedia.