FGE Puebla: entre deficiencia, procesos mal hechos y no escuchar a las víctimas

Falta de interés, deficiencia y una carga de trabajo que les resulta imposible desarrollar, es como familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, califican el papel de la Fiscalía General del Estado en Puebla (FGE), en cuanto a este tipo de casos.

“La realidad es que la Fiscalía no busca ni investiga a personas desaparecidas”, relató María Luisa Núñez, quien lleva buscando a su hijo cerca de 4 años, quien desapareció, junto con otras 3 personas, un 28 de abril del 2017.

Reiteró que desde que se generó la desaparición del joven -en ese entonces de 23 años- no ha existido una búsqueda real en cuanto a su hijo de parte de la Fiscalía, “esa la he hecho yo de manera personal, con mis propios recursos”.

Incluso, informó que, en su lucha por encontrar a su familiar, se ha topado con otros casos, donde con toda la presunción y evidencia de que han sido víctimas de desaparecidas a manos de redes de trata de personas, del crimen organizado y grupos que delinquen, las autoridades no los están investigando con enfoque de ese tema.

“Según investigan, pero lo que ellos hacen es realmente investigación de escritorio, de mandar oficios y recibir oficios, pero nada que veamos como realmente es útil para encontrarlos”, lamentó.

Dijo que se siguen enfrentando en que la carga de trabajo en la FGE es mucha, y que el personal es insuficiente, “no hay suficientes Ministerios Públicos, no hay suficientes policías de investigación, ni cuentan con el equipo necesario para no parar”.

“Es muy desesperante”, con voz entre cortada dice la señora; a la par critica que el Fiscal, Gilberto Higuera Bernal, diga que se reducen los delitos, las denuncias, cuando en realidad no avanzan en los casos que tienen documentados.

“Yo puedo hablar por algunos MP que sí son atentos, pero que desafortunadamente les pasaron muy tarde nuestras carpetas de investigaciones, tres años, tres y medio después, y en ese tiempo hubo pérdida de pruebas que eran importantes, y ahora están haciendo sus máximos esfuerzos por revivir estas carpetas de investigación, algunas ellas”, dijo.

La también fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, indicó que tiene conocimiento de casos en San Salvador El Seco y San Pedro Cholula, donde los policías de investigación les dicen a los familiares, a través de mensajes de WhatsApp, “que ya no estén molestando, y que no les llamen”; hasta les dicen groserías.

Ante toda esta situación, María Luisa Núñez subraya que “parece que el Fiscal nos escucha”, aunque recordó que ha reconocido que no han hecho absolutamente nada por el tema de la desaparición forzada de personas.

Desde la percepción de la señora, en la FGE siguen existiendo actos de corrupción, hay personal en puestos directivos que están coludidos y protegen al crimen organizado, y se filtra la información.

Con corte al 08 de marzo del año en curso, se tienen registradas un total de 84 mil 230 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de las cuales en el estado de Puebla se reportan 2 mil 667, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Falta capacitación en la FGE

En esta peregrinación por justicia, también se encuentra el caso de la desaparición y posible feminicidio de Paulina Camargo, quien el 25 de agosto de 2015, desapareció tras reunirse con su pareja José María Sosa para acudir a una cita con el ginecólogo; estaba embarazada y tenía 18 semanas de gestación; sin embargo, a partir de esa fecha, no la han vuelto a ver.

Aunque las autoridades la buscaron en diferentes espacios, después de que “Chema” declaró donde tiró sus restos, nunca fueron localizados.

Rolando Camargo, papá de Paulina, recordó que cuando inició todo el proceso de investigación, con la anterior Fiscalía, “todo lo hicieron con las patas”.

Y en la actualidad, quienes llevan el caso específicamente por la desaparición de persona por particulares, ha sido eficiente.

No obstante, respeto a la denuncia por homicidio simple intencional es la que no funcionó en un principio con el entonces fiscal, Víctor Carrancá.

En febrero del 2019 a José María Sosa se le sentenció a 16 años y 6 meses de cárcel por los delitos de homicidio y aborto, misma sentencia que apelaron sus abogados, por lo que un juez federal regresó el proceso de origen, por lo que se encuentra nuevamente en el Tercero Penal, para que se reconsidere o rechace ese delito.

El señor denunció que al interior de la FGE existe una falta de conocimiento por parte de los Ministerios Públicos, y el exceso de trabajo genera que no les den un buen seguimiento a los casos. “Es insuficiente”.

“A la fecha estamos en la etapa para entrar a juicio intermedio, solo que nos den fecha y todo para continuar con eso, y se le sentencia por desaparición de persona”.

Pese a todas las circunstancias que ha vivido el señor por saber sobre su hija, añadió que el Fiscal actual, Higuera Bernal, ha estado al pendiente de su caso, “va adelante esto, esperemos que el Poder Judicial se ponga las pilas también”.