Justicia para periodistas de Izúcar; vinculan a seis funcionarios por tortura

Seis funcionarios del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, presidido por Irene Olea, fueron vinculados a proceso por una autoridad judicial federal por los delitos de tortura y abuso de autoridad. Esto se debe a las agresiones sufridas por dos periodistas de dicha demarcación mientras cubrían las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer durante marzo de 2023.

La justicia para las periodistas Natalie y Michelle Hoyos va llegando poco a poco, al igual que para las dos activistas que también fueron víctimas de estos crueles actos cometidos por funcionarios de Izúcar de Matamoros hace más de un año.

Después de una audiencia que duró más de 12 horas en el Centro de Justicia Federal ubicado en el Camino al Batán, una jueza determinó vincular a proceso a cinco policías municipales de dicha demarcación y a un juez calificador por los delitos de tortura y abuso de autoridad.

A su vez, la jueza federal determinó otorgar un plazo de tres meses de investigación complementaria, con el objetivo de que, al vencer dicho lapso de tiempo, si la defensa de los acusados no presenta más pruebas a su favor, se procederá a la etapa de audiencia intermedia.

Sin embargo, por el momento se desconoce si los imputados continuarán su proceso legal en libertad o si la autoridad judicial determinó que estuvieran en prisión preventiva.

Cabe recordar que en la agresión que sufrieron las dos periodistas de Izúcar, así como otras dos activistas, Socorro Barrera era testigo protegida de la Fiscalía General de la República (FGR) por este caso. Su declaración era a favor de las comunicadoras por los actos aberrantes que sufrieron durante una detención arbitraria. Sin embargo, en junio de este mismo año, fue asesinada.

La agresión de la que se acusa a los cinco policías y al juez calificador ocurrió el 10 de marzo de 2023, cuando Natalie y Michelle acudieron al Zócalo de Izúcar de Matamoros a cubrir unas actividades realizadas por un colectivo feminista por el Día Internacional de la Mujer.

Cuando la actividad finalizó y regresaban a su casa junto con dos activistas, fueron sorprendidas y acorraladas por un grupo de policías municipales, quienes las privaron de su libertad y las subieron a la fuerza a una patrulla.

Supuestamente, los uniformados les dijeron que la detención se debía a que habían “ensuciado” la ciudad. Sin embargo, cuando las reporteras insistieron en que no habían cometido tal infracción y que, además, era injustificable tanta saña contra ellas, uno de los policías les dijo “son órdenes de la jefa”, haciendo referencia a la alcaldesa de esta demarcación.

Las dos periodistas y las dos activistas fueron trasladadas a la subcomandancia municipal y encerradas en los separos, donde fueron golpeadas, torturadas, agredidas verbalmente, obligadas a quitarse su ropa, y los uniformados, incluyendo mujeres, les realizaron tocamientos lascivos.