Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló presuntas operaciones de tráfico ilegal de hidrocarburos y armas realizadas por una red que operaba desde Querétaro y abastecía a organizaciones criminales mexicanas. Entre los implicados figura Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, quien recientemente se integró al programa de testigos protegidos tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra. Red de contrabando y suministro de armasDe acuerdo con reportes de Carlos Loret de Mola publicados en su cuenta de X y confirmaciones de El Reforma, la organización habría recibido combustible de origen ilícito desde Guatemala, mezclado con aditivos en instalaciones como la bodega “La Espuela” dentro del complejo Ferropolymers, y posteriormente distribuido a empresas fachada para eludir controles fiscales y aduanales. En paralelo, la FGR y la Secretaría de Seguridad identificaron varias empresas de seguridad privada, como SETER y SEGURIMEX, utilizadas para la adquisición, transporte y rematriculación de armas de fuego, que presuntamente fueron entregadas a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz. La investigación detalla incluso la participación de exintegrantes de la SEDENA para dotar a las armas de apariencia legal. De acuerdo con los medios, Rocha Cantú se presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 21 de octubre para ofrecer información sobre contrabando de combustibles, redes financieras y nexos con funcionarios. Te puede interesar: Confirman refrendo de Bar Lacoss previo al ataque armado que dejó 7 fallecidos La orden de captura se emitió el 15 de noviembre y cuatro días después se formalizó su condición de testigo protegido. Durante el proceso, se detuvo a presuntos cómplices, incluyendo a Mari Carmen N., señalada como funcionaria que facilitaba la logística de la red. Hasta ahora, ni Rocha Cantú ni representantes de Miss Universo han emitido declaraciones sobre las imputaciones o su colaboración con la FGR. El caso continúa bajo supervisión directa de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y sigue siendo una investigación prioritaria de la Fiscalía General.
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