En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores Sexuales, que se conmemora cada 1 de febrero, Puebla continúa sin una legislación estatal que reconozca y garantice de forma integral los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo sexual. Aunque entre 2020 y 2026 se han registrado avances parciales, propuestas legislativas y acciones administrativas, el vacío normativo persiste y mantiene a este sector —mayoritariamente integrado por mujeres y personas trans— en una condición de vulnerabilidad estructural. 2020–2022: organización, denuncia y silencio legislativoDurante este periodo no se presentaron iniciativas formales en el Congreso del Estado. Sin embargo, colectivos de trabajadoras sexuales, principalmente en la capital poblana, comenzaron a organizarse para visibilizar violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, extorsiones, actos de discriminación y violencia institucional. Estas prácticas derivan, en gran medida, de la aplicación del Código Reglamentario Municipal (Coremun), que clasifica el trabajo sexual en la vía pública como una falta administrativa. Aunque esta actividad no está tipificada como delito, su sanción perpetúa una lógica de criminalización que expone a las mujeres a abusos de autoridad y agresiones cotidianas. 2023–2024: más visibilidad, pero sin reformasEntre 2023 y 2024, las demandas del sector cobraron mayor presencia en espacios académicos, organizaciones civiles y medios de comunicación. Se documentaron casos de discriminación y violencia, fortaleciendo el argumento de que la ausencia de regulación no protege, sino que profundiza la precariedad laboral. Pese a ello, no se concretaron reformas de ley ni cambios sustantivos a nivel estatal o municipal, por lo que se mantuvo el estatus quo. 2025: propuestas, mesas de trabajo y avances limitadosEl año 2025 representó un punto de inflexión, aunque sin resultados legislativos definitivos. Colectivos como Chicas de la 14, en conjunto con diputadas y diputados locales, impulsaron una iniciativa para reconocer el trabajo sexual como actividad laboral no asalariada, con el objetivo de garantizar derechos básicos y eliminar sanciones punitivas. La propuesta no fue dictaminada y quedó en fase de análisis y mesas de trabajo. Uno de los avances institucionales más relevantes ocurrió en julio de 2025, cuando alrededor de 2 mil trabajadoras sexuales de la ciudad comenzaron a acceder a servicios médicos gratuitos a través de IMSS-Bienestar. Aunque no se trata de una ley, el acceso a la salud pública fue considerado un paso histórico tras décadas de exclusión. 2026: iniciativas anunciadas, pero sin votaciónPara 2026, legisladoras locales anunciaron la intención de presentar una iniciativa contra la discriminación hacia las trabajadoras sexuales, con énfasis en el acceso a la salud, el reconocimiento del término trabajo sexual en lugar de “prostitución” y la atención específica a mujeres trans. La propuesta también contempla albergues y capacitación al personal médico. Hasta ahora, la iniciativa no ha sido presentada ni votada en el pleno del Congreso estatal. Te puede interesar: El alto costo de tratar cáncer en Puebla: hasta un millón anual Violencia social persistente: cifras que alarmanLa ausencia de un marco legal integral se traduce en violencia cotidiana. De acuerdo con cifras de Chicas de la 14, durante 2025 se han documentado hasta 85 agresiones contra trabajadoras sexuales por parte de transeúntes, quienes les arrojan agua, aceite, las escupen o las insultan. “Las agresiones por parte de elementos municipales han disminuido, pero la sociedad sigue atacando”, señaló Mariela González, representante de la asociación civil. La activista hizo un llamado urgente a frenar la estigmatización y garantizar el derecho de mujeres y personas trans a una vida libre de violencia. Exigen justicia y políticas públicasEn el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, organizaciones exigieron justicia y la implementación de políticas públicas que reconozcan el trabajo sexual desde un enfoque de derechos humanos. En diversas ocasiones, la diputada local Gabriela Chumacero ha advertido que las agresiones escalan hasta la muerte. Detalló que en la agrupación que representa participan alrededor de 150 mujeres, aunque han brindado acompañamiento a más de 200 personas.
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