Miércoles 10 Diciembre 2025

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, más de 30 organizaciones de la sociedad civil difundieron un pronunciamiento en el que cuestionan el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno estatal de la morenista Lorena Cuéllar y advierten que los megaproyectos en marcha agravan la crisis socioambiental que enfrenta la entidad. 

Entre los proyectos señalados se encuentran la Ciudad de la Juventud, la Ciudad Administrativa, la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento y el Libramiento de Calpulalpan.

Los colectivos, encabezados por el Centro Fray Julián Garcés, reclamaron que las iniciativas gubernamentales no han incorporado procesos de participación ciudadana ni criterios de evaluación ambiental establecidos en el Acuerdo de Escazú, lo que —subrayaron— limita la toma de decisiones informada y deja fuera a personas defensoras del territorio.

Según el documento, el impulso a grandes proyectos urbanos contrasta con las dinámicas comunitarias que sostienen la bioculturalidad y la vida rural de múltiples localidades tlaxcaltecas. Por ello, las organizaciones demandaron revisar el modelo económico basado en la expansión industrial y el uso intensivo del territorio, al que atribuyen efectos negativos en la salud y los ecosistemas.

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Los colectivos solicitaron suspender la instalación de nuevas industrias, frenar la tala clandestina, y replantear el parque de economía circular para adoptar, en su lugar, un modelo de Basura Cero. También pidieron fortalecer la protección de la montaña Matlalcuéyetl y cancelar la Ciudad de la Juventud, destinando el presupuesto a tareas de restauración ambiental e infraestructura del Parque de la Juventud ya existente.

En el caso del Libramiento de Calpulalpan, señalaron que la obra afectaría actividades productivas y procesos naturales de captación de agua. Propusieron, como alternativa, concluir los 12 kilómetros faltantes de la carretera federal Calpulalpan–Sanctórum.

Atoyac: acciones insuficientes para una región en emergencia

El pronunciamiento también cuestionó la falta de una estrategia integral para atender la contaminación histórica de la Cuenca del Alto Atoyac, reconocida como zona de emergencia ambiental y sanitaria. Según las organizaciones, las acciones gubernamentales anunciadas este año —limpieza de riberas, reforestación y construcción de plantas de tratamiento municipales— resultan insuficientes para enfrentar los más de cien contaminantes industriales encontrados en los ríos, el suelo y el aire.

Alertaron que la expansión de corredores industriales, incluida la creación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, incrementaría las presiones sobre una región donde la incidencia de enfermedades renales y cáncer supera los promedios nacionales.