El alcalde priista de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, designó como director de Seguridad Municipal al marino Alfredo Álvarez Valenzuela, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, quien cuenta con una orden federal de aprehensión vigente desde 2014 por el delito de desaparición forzada, además de señalamientos por presunto acoso sexual. Álvarez Valenzuela fue nombrado titular de la SSC de Tlaxcala en septiembre de 2021, durante la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, bajo el argumento de su experiencia previa en la Policía Federal y en áreas de seguridad del gobierno federal, a pesar de que desde 2014 existían registros judiciales en su contra. De acuerdo con expedientes, un juez federal con sede en Chihuahua libró en 2014 una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en una desaparición ocurrida durante un operativo realizado en 2008. A estos antecedentes se sumaron denuncias públicas relacionadas con su desempeño en corporaciones federales. En noviembre de 2021, cuando personal de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudió a cumplimentar la orden judicial en Tlaxcala, el funcionario abandonó las instalaciones de la dependencia estatal, lo que derivó en su destitución al dejar acéfala la secretaría. Tras permanecer prófugo durante varios años, fue ubicado nuevamente en diciembre de 2024 por autoridades estatales y federales; sin embargo, evitó su detención al promover un amparo federal. Te puede interesar: Con investigaciones por corrupción en Ceresos, Tlaxcala estudia liberar a PPL con brazaletes electrónicos El caso de Álvarez Valenzuela se suma a otros nombramientos cuestionables en materia de seguridad durante la administración de Lorena Cuéllar, entre ellos el de Ramón Celaya Gamboa, quien fue titular de la SSC de Tlaxcala en 2023 por un periodo aproximado de seis meses. Celaya Gamboa fue el cuarto secretario de Seguridad de la actual administración estatal, de un total de siete relevos registrados. Sobre él existía una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, iniciada meses después de asumir el cargo, a lo que se añadieron señalamientos de extorsión interna dentro de la corporación, presuntamente operada por personas cercanas a su equipo. Hasta el momento, ni las autoridades municipales de Orizaba ni las instancias federales han informado si, previo al nombramiento, se verificó el cumplimiento de los exámenes de control y confianza, requisito obligatorio para el ejercicio de funciones de seguridad pública. |