El Gobierno del Estado de Tlaxcala anunció la implementación de un dispositivo de seguridad para salvaguardar inmuebles emblemáticos durante las marchas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. A través de un comunicado, informó que el operativo contempla la protección del Conjunto Conventual Franciscano, el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, el Palacio de Justicia de Tlaxcala, la Dirección de Gobernación, el Santuario de San José y el Palacio Legislativo de Tlaxcala, ubicados en el Centro Histórico de la capital. El anuncio se realizó en el marco de la Primera Sesión Ordinaria del COSAFRAN, donde autoridades estatales reiteraron su respaldo al Manifiesto en Favor del Patrimonio Cultural. Durante la sesión, la gobernadora Lorena Cuéllar señaló que “la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia es legítima y profunda, pero debe coexistir con la corresponsabilidad en el cuidado del patrimonio que pertenece a todas y todos”. No obstante, colectivas feministas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han cuestionado lo que consideran una priorización de la protección de edificios por encima de la atención a la violencia de género. Desde el inicio de la actual administración, señalaron la falta de apertura y diálogo en torno a las movilizaciones del 8M, así como un enfoque centrado en el blindaje del Centro Histórico. Te puede interesar: Gobernadora de Tlaxcala emite juicios misóginos y cuestiona sororidad en evento para mujeres Entre las demandas reiteradas se encuentra la implementación efectiva de la Alerta de Violencia de Género declarada en 2021 y la aplicación de protocolos contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Activistas sostienen que estos mecanismos no han tenido avances sustantivos durante el gobierno estatal. Asimismo, colectivos han documentado actos de represión, agresiones e intimidación por parte de corporaciones de seguridad durante las protestas del 8 de marzo. También han denunciado la permanencia en dependencias gubernamentales de funcionarios señalados por acoso sexual, abuso y violencia de género, sin que —afirman— se apliquen los mecanismos establecidos en la llamada Ley 3 de 3. Organizaciones civiles han recriminado además la adquisición de vallas metálicas para la protección de inmuebles por un costo aproximado de 4 millones de pesos, en un contexto donde, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 68.6 por ciento de las mujeres en Tlaxcala ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
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