La emboscada y asesinato de los indígenas nahuas, Teófilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes, de 45 años, y Omar Herrera Raymundo, de 15 años, de la organización Pueblo Unido por Coyomeapan constan en el Informe “22 personas defensoras de Derechos Humanos ejecutadas extrajudicialmente en el 2022”

“Oaxaca, bajo el gobierno priista, se destaca con el mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con diez casos, le sigue Puebla bajo el gobierno del recién fallecido gobernador de Morena con tres casos y Michoacán con dos casos, los siete estados restantes tienen un solo caso cada uno. Es de notar que el gran ausente de esta lista es el estado de Chiapas, el cual, siempre aparecía, en años anteriores entre los tres primeros lugares” cita el informe del Comité Cerezo, presentado hoy,

En el Informe, el Comité Cerezo señaló que el principal derecho humano que defendían las personas víctimas de ejecución extrajudicial es el “Derecho al Territorio” con siete víctimas; el segundo lugar lo conformaron cinco personas que defendían derechos humanos relacionados a la “Vida digna”, tres a la “libertad de expresión”, dos a defender los derechos humanos y los restantes tres a “ser buscado, a la integridad personal y a la protesta”.

Lee también: Voz de los Desaparecidos coloca su Árbol de la Esperanza en Puebla

Las mujeres representaron el 18 por ciento de la fatal lista con 4 víctimas, mientras que el resto, 18 víctimas hombres, representan el 82 por ciento.

En 8 casos, se conoce que las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, doce casos eran mestizas, uno afrodescendiente y en uno más no se logró conocer su pertenencia a algún pueblo originario.

El informe destaca que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, con respecto a la población en general en México.

El letal informe que no cesa desde 2008

El Comité Cerezo México ha documentado las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos en México manera ininterrumpida, desde el 2008.

En la presentación del Informe, el Comité explicó ampliamente esta grave violación a los derechos humanos como respuesta a su trabajo de defensa de los derechos humanos cometidos por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

Lee también: La Comisión de Búsqueda es simulación: Voz de los Desaparecidos

“Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005)”

El Informe 2022 revela que el beneficiario de las ejecuciones extrajudiciales en once casos fueron gobiernos municipales, en siete casos son gobiernos estatales, en tres una empresa estatal y en solo caso, el beneficiario es un particular.

No hubo evidencia de que el gobierno federal sea el beneficiario de dicha violación a los derechos humanos.

Comité Cerezo: Caso Coyomeapan sí son ejecuciones extrajudiciales

En el recuento de los casos, el Comité Cerezo especificó que los asesinatos en Coyomeapan, como en los otros estados de la república citados, se cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial, pues fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

El 9 de mayo del 2022 un grupo de 40 policías estatales, entre los cuales había incluso guardias blancas presuntamente contratados por los hermanos Araceli y David Celestino Rosas, emboscó y rafagueó a un grupo de activistas de Coyomeapan, cuando transitaban por la localidad de Zoquitatlán, entre las víctimas se contó a Teófilo Barrera Herrera, de 24 años lo mató un bala en el estómago a quemarropa; Marcelo Carrera Reyes, de 45 recibió el impacto mortal en el pecho y de un menor de edad llamado Omar Herrera Raymundo, murió en el hospital desangrado por las heridas que le provocaron las armas de fuego y un arma blanca.

Siete miembros del Movimiento Unidad por Coyomeapan más resultaron seriamente lesionados pero sobrevivieron el ataque han acusado que la emboscada fue planeada desde el poder, responsabilidad de Araceli y David Celestino. En el operativo, recuerdan que los policías y guardias blancas estaban encapuchados y tenían la orden de matar a los integrantes de la resistencia social que se mantuvo por casi un año contra los resultados electorales que otorgaban otro periodo en el poder a la familia Celestino Rosas.

Para Claudia Martínez, dirigente del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, este informe confirma que los asesinatos ocurridos fueron ejecuciones extrajudiciales, que fueron negados por el gobierno de Barbosa que lo redujo siempre a “un enfrentamiento”.

Sostuvo que la CONAPA siempre señaló como responsables de este crimen a los principales beneficiarios, los hermanos Celestino Rosas cuyo pariente ocupa la presidencia municipal, cargo que ha sido ocupado desde hace más de diez años por distintos integrantes de la familia.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, supera las ejecuciones extrajudiciales de todos los gobiernos

El Informe cita que hasta antes de la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, los gobiernos del PAN, a partir del 2006 y del nuevo PRI, usaron principalmente la estrategia de control social mediante el terror para profundizar la política económica neoliberal en México, sin que esto quiera decir que dejaron de usar la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente.

“Con el gobierno actual ya no es la estrategia de control social por medio del terror el método principal, ahora se intenta el control social mediante programas sociales masivos, sin que esto quiera decir que no se usen las otras dos estrategias. El gobierno federal permite y tolera la estrategia de represión política, es por ello que ésta se implementa por medio de los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos políticos, incluido Morena” aduce el documento.

“Se puede explicar que en el gobierno de AMLO las cifras sean más altas que en el gobierno de FCH debido a dos factores; el primero, que a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los dos sexenios anteriores y, segundo, que desde el gobierno federal existe una política de impunidad ya que no hay castigo a los responsables, escudándose el gobierno federal en que no es de su competencia el delito de homicidio que es del fuero común, no obstante desde los derechos humanos, la responsabilidad de proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, aunque legalmente la justicia federal tendría la capacidad de atraer todos casos de ejecución extrajudicial”

“Los beneficiarios de esta grave violación a los derechos humanos siguen siendo los gobiernos priistas y ahora, en segundo lugar, los de MORENA. Sigue el mismo patrón respecto a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, en la mayoría de los casos se desconoce el perpetrador, en tanto que en segundo lugar están los grupos paramilitares como responsables y, en tercer lugar, las policías estatales”.

“Como en los años anteriores de este gobierno, la estrategia de control social a nivel federal se basa fundamentalmente en los programas sociales, sin que esto quiera decir que se no se mantienen las estrategias de represión política y contrainsurgente, aunque como hemos visto en menor grado respecto a la ejecución extrajudicial”.

“Las cifras nos siguen diciendo que esta grave violación a los derechos humanos no es una práctica generalizada en nuestro país, aunque sigue siendo grave que sigan sucediendo estos crímenes de Estado, creemos que se mantendrán las cifras en los dos restantes años del gobierno de AMLO, debido a que el gobierno federal tolera que en los estados y municipios se siga cometiendo esta grave violación de derechos humanos y dos, por la política de impunidad que aún se mantiene en los diversos estados del país”, resume el informe.