Morena y PRI rechazan quitar sanciones a “Chicas de la 14” en Puebla

Dos regidoras de Morena y un regidor del PRI rechazaron la iniciativa para eliminar las sanciones administrativas en contra de las trabajadoras sexuales, contempladas en el Código Reglamentario Municipal (COREMUN) de Puebla. La propuesta fue impulsada por el colectivo “Chicas de la 14 Poniente”, que acudió a la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género para exponer su petición.

Las regidoras Bertha María de Lourdes Villavicencio Ramos, Maricera Reyes (ambas de Morena), y el regidor priista Wences Ovidio Celis Córdova, argumentaron que eliminar las sanciones podría propiciar delitos como la trata de personas.

Villavicencio Ramos afirmó que modificar la norma violaría el Protocolo de Palermo y la Ley Federal del Trabajo, al tiempo que aseguró que sancionar a quienes ejercen la prostitución no criminaliza a las personas, sino que busca proteger derechos humanos.

Regidoras defienden la iniciativa como un acto de justicia social

En contraste, la regidora del PRI, Shirley Ponce, votó a favor de la iniciativa, y sostuvo que ignorar la petición es darle la espalda a mujeres que ejercen el trabajo sexual por necesidad.

“Son ciudadanas respetables, independientemente del porqué trabajan en lo que hacen. La oportunidad que la regidora está dando, en una pluralidad de pensamientos y con una argumentación justa, quiero manifestarles que cuentan conmigo”, declaró.

La postura fue respaldada por la regidora de Morena, Mayte Rivera Vivanco, quien aseguró que la propuesta no fomenta la trata de personas, sino que busca dignificar y proteger los derechos de este sector.

¿Qué proponían cambiar las trabajadoras sexuales?

El colectivo “Chicas de la 14 Poniente” solicitó modificar el artículo 29, fracción IV, inciso F del COREMUN, que actualmente sanciona a quienes ejercen, permiten o utilizan servicios de prostitución en espacios públicos.

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Este artículo contempla amonestaciones, multas que van de 1 mil a 11 mil 314 pesos, arrestos de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Las trabajadoras sexuales argumentan que esta normativa las revictimiza y limita su derecho al trabajo, además de abrir la puerta a prácticas de extorsión por parte de autoridades municipales.