Ley de Transparencia: Congreso de Puebla transfiere atribuciones del ITAIPUE

El Congreso local aprobó en comisiones la nueva Ley de Transparencia y transfirió las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Tras la extinción del ITAIPUE el pasado 29 de mayo, este miércoles las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información también avalaron expedir la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

La iniciativa fue presentada el 18 de junio por el gobernador Alejandro Armenta Mier, a través de su coordinador de gabinete, José Luis García Parra.

En el análisis del proyecto participó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presidida por Alejandro Espidio Reyes. El dictamen incorporó propuestas de las personas diputadas Fedrha Suriano Corrales y Julio Huerta Gómez.

Por mayoría de votos, Morena y sus aliados, así como Movimiento Ciudadano, avalaron la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La única en votar en contra fue la diputada del PAN, Susana Riestra Piña.

¿En qué consiste la nueva Ley de Transparencia en Puebla?

La Ley de Transparencia está integrada por nueve títulos y 195 artículos. Distribuye las competencias de las autoridades garantes en materia de transparencia, las cuales serán las siguientes:

• El Órgano Administrativo Desconcentrado.

   

• Los órganos encargados de la contraloría interna o sus homólogos en los poderes Legislativo y Judicial.

   

• Los órganos internos de control de los órganos constitucionales o legalmente autónomos.

   

• El Instituto Electoral del Estado (IEE) para supervisar a los partidos políticos con registro estatal.

   

• El Tribunal de Arbitraje, en lo relativo a los sindicatos.

   

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Asimismo, la ley establece que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales dentro de la administración pública estatal, los ayuntamientos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.

“En ninguno de los proyectos se reducen ni se cambian los derechos de las y los ciudadanos ya previstos en las leyes en materia de transparencia”, se puntualizó en el dictamen.