Ixtacamaxtitlán gana a minera canadiense: no habrá más concesiones

Habitantes de la Sierra Norte de Puebla, defensores del territorio y activistas celebraron que la Secretaría de Economía (SE) declarara oficialmente como “no factibles” a las concesiones que Almadem Minerals tenía en Ixtacamaxtitlán. Exigieron que el Juzgado Segundo de Distrito cumpla con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que pidieron sacar del territorio poblano a la filial Minera Gorrión.

Desde la ciudad de México integrantes de la comunidad nahua de Tecoltemi, la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida de la que forma parte, junto con Fundar, el Consejo Tiyat Tlali, y la colectiva CambiémoslaYA, hicieron pública la decisión de la SE que les había sido notificada  en cumplimiento con la sentencia de la SCJN emitida el 16 de febrero de 2022 a favor de la comunidad de Tecoltemi.

“Desde la comunidad nahua de Tecoltemi y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, valoramos trascendental la decisión de la SE y los estudios realizados por la SEMARNAT y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), mediante los cuales el Estado mexicano concluye de forma categórica que no es factible autorizar concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán”, sostuvieron.

Raymundo Romano Pérez inspector de Vigilancia de Tecoltemi y quien inició esta histórica lucha, aseguró “Desde 2015 luchamos contra la minería, tuvo que pasar mucho tiempo para que nos escucharan. Finalmente vemos este resultado.  En un Acta de Asamblea Ejidal ya declaramos a Tecoltemi Libre de Minería en su Territorio”.

Diana Pérez del IMDEC y el Consejo Tiyat Tlali narró el largo proceso legal que llevó a la sentencia de la SCJN en el caso de la comunidad Tecoltemi, en la que se ordenó a la Secretaría de Economía pronunciarse contra el otorgamiento nuevamente títulos de concesión minera a la trasnacional canadiense Almaden Minerals.

“En estricto cumplimiento de este mandato judicial, la Secretaría de Economía (SE) declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento. El pasado 22 de febrero, la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi fue notificada del escrito de dicha dependencia”.

En un posicionamiento, los integrantes de las comunidades aseguraron que esta decisión respeta y garantiza el derecho a la libre determinación de Tecoltemi y el resto de los pueblos y comunidades de Ixtacamaxtitlán y de toda la Sierra Norte de Puebla, quienes habían mostrado su absoluto rechazo a la minería y  a los megaproyectos.

Hicieron un llamado al Juez de Distrito dar por cumplida la sentencia, en apego al mandato de la SCJN y del marco convencional de derechos de pueblos indígenas. “Exhortamos a la Secretaría de Economía y a todo el Gobierno Federal a no claudicar frente al poder de las mineras canadienses y mantener firme su compromiso de no autorizar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán y en todo el país”.

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Almaden Minerals ya no tiene concesiones pero sigue en el territorio, acusaron

Los defensores acusaron que pese a que Almaden Minerals ya no cuenta con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y que ya no le serán otorgadas nuevamente, sigue en el municipio promoviendo actividades e incluso una consulta a la comunidad de Tecoltemi, lo que resulta improcedente pues ya se notificó su “no factibilidad”.

“Resultan falsas las recientes declaraciones emitidas los pasados 22 y 23 de febrero por parte de la Minera Canadiense Almaden Minerals y su filial mexicana Minera Gorrión, de que tenga forzosamente que realizarse la consulta, al igual que, por la misma razón, la SE esté incumpliendo con la sentencia de la Corte. Por el contrario, la decisión de Economía siguió cabalmente el mandato del máximo tribunal”.

Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida (Atcolhua) mencionó que existen Evaluaciones de impacto Social y Ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que concluye que no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

“La minería en la zona alta impactarían los veneros de agua, con sus derrames los manantiales y ríos, se haría un desastre con los mantos acuíferos. Recorrí con investigadores las zonas más bellas de la Sierra para que se dieran cuenta. Supieron que la lucha es por la vida”.

“Estos estudios fueron citados en el escrito de Economía, y de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de pueblos indígenas” apuntaron.

Pobladores sostuvieron la investigación científica y de campo que realizaron, los estudios señalan, una problemática socioambiental producto de procesos de extracción minera que podrían afectar negativamente prácticas tradicionales y culturales, que generaría un impacto a la biodiversidad del lugar y que podrían existir contaminantes que afecten las tierras, ríos y mantos acuíferos por el traslado de partículas tóxicas, derivado de la actividad minera que se pretendía realizar.

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“Si bien este es un logro histórico para los pueblos que luchan por la defensa sus territorios y el ejercicio de la libre determinación, queda pendiente la modificación de la Ley Minera  y del actual régimen de concesiones”.

Según datos actualizados de Fundar, se han entregado 25 mil 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21.3 millones de hectáreas del territorio nacional, en múltiples casos a costa de la violación sistemática de los derechos de las comunidades.

Jorge Peláez de la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! Sostuvo que se debe reformar de manera sustantiva a la Ley minera para retirar el carácter de preferente y la utilidad pública a esta actividad y se prohíba la minería a cielo abierto en México.

Finalmente los pobladores rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “De lo que se trata es hacer un mínimo de justicia a las comunidades frente a los atropellos a sus derechos humanos y al despojo validado por esta ley neoliberal”.

En el comunicado que acompañó la rueda de prensa nacional, la Comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemi, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, Consejo Tiyat Tlali, Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Regional Totonaco, la Unión de Cooperativas Tosepan, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro de Estudios Ecuménicos, la Agencia Timomachtikan, el Movimiento Atzin, las Maseual Siuamej mosenyolchikauanij, el Colectivo Tajtolmej Taltipak, la Brigada Xochiteca, el Colectivo Tajpianij, Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, la Organización Independiente Totonaca-Nahua y los Servicios Ambientales Amelatzinhualajtok y Fundar Centro de Análisis e Investigación A. C. así como la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! Exigieron a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio.