Los Comités Ciudadanos en Defensa del Agua de San Miguel Xoxtla, Santa María Acuexcomac y Nealtican exigieron que se castigue penal y administrativamente a Gustavo Gaytán Alcaraz por presuntos delitos como actos de corrupción, operación de fraudes, criminalización de activistas y despojo de comunidades durante poco más de una década al frente del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), antes de desempeñarse como director jurídico del organismo. A unos días de que Gustavo Gaytán fuera revocado de la Dirección del SOAPAP y de que el Gobierno anunciara el inicio de una auditoría al organismo y a su administración, defensores del agua solicitaron investigar los apoyos fantasmas de pipas de agua y obras con precios inflados, así como la criminalización de la cual señalan ha sido artífice para garantizar el despojo del recurso hídrico a los pueblos, sin atender sus derechos ni necesidades. Te puede interesar: Escasez de agua en Puebla activa auditorías y compra de pipas: Armenta Apuntaron que en 2012 estuvo detrás del desalojo de la población mediante cientos de granaderos y de la persecución jurídica que derivó en la generación de 10 órdenes de aprehensión contra pobladores de Santa María Acuexcomac y defensores del territorio, luego de una protesta por el desabasto de agua en sus comunidades. Gaytán Alcaraz, como director jurídico del SOAPAP, también falseó su declaración para acusar a Juan Carlos Flores, quien fue encarcelado durante 10 meses, de 2014 a 2015, durante el gobierno del exmandatario Rafael Moreno Valle, por su oposición al Gasoducto Morelos. Señalan que el exfuncionario fue pieza clave para sustentar su encarcelamiento. En un posicionamiento que circula luego de que abandonara el cargo, denunciaron que durante la administración al frente del SOAPAP, el extitular del organismo no quiso dar cumplimiento a los convenios firmados con Nealtican y Acuexcomac en 1994, y con Xoxtla en 1997. Indicaron que dichos convenios no servían y que no les daría cumplimiento, pese a que en reportes del SOAPAP se confirmaba y justificaba el destino de millones de pesos que supuestamente se entregaban a las comunidades como apoyo para el abastecimiento de agua o para obras comunitarias, recursos que, señalaron, nunca recibieron.  Fraude del aguaIndicaron que el fraude más velado de Gustavo Gaytán, relacionado con las principales comunidades que abastecen de agua a la ciudad de Puebla, es el desvío de millones de pesos que supuestamente estaban destinados al suministro de pipas de agua para la comunidad de San Miguel Xoxtla, las cuales nunca llegaron.
Describieron que, en el periodo de Guadalupe Ortíz, de abril a septiembre de 2025, se suministraron supuestamente 797 pipas de 10 mil litros a la comunidad de San Miguel Xoxtla, suministro que nunca se llevó a cabo, pese a que se intentó comprobar mediante copias de credenciales de elector que el Ayuntamiento Municipal proporcionó de manera indebida para justificar la supuesta entrega de los apoyos. Te puede interesar: Agua de Puebla subió tarifas, pero incumplió inversión de 300 mdp: García Parra Este fraude, informaron, se realizó bajo el contrato SOAPAP-GSTS-ADQ-2025-005, firmado por el SOAPAP por un monto de un millón 760 mil 909 pesos, a favor de la empresa Hidráulica Termofusión y Construcción Urbana ROJMAR S.A. de C.V., para el “Servicio de suministro de agua potable en vehículo cisterna (pipa) en la comunidad de San Miguel Xoxtla, municipio de San Miguel Xoxtla, en el estado de Puebla”. Mediante adjudicación directa, aseguran, se simuló la entrega de pipas del 12 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025. Además, vecinos de Xoxtla llamaron a la empresa para comprobar el servicio de pipas, pero la persona que respondió dijo desconocer si se proporcionaba dicho servicio y que en el domicilio fiscal se observaba una vivienda particular, sin presencia de vehículos cisterna.
Convenios de agua, una herida abiertaEl pronunciamiento describe ampliamente los convenios con las comunidades afectadas por la extracción de agua para Puebla, los cuales surgieron tras la férrea protesta del municipio de Nealtican en 1994, cuando fue reprimido por la policía estatal y 18 habitantes fueron encarcelados. Señalaron que dichos convenios siguen siendo letra muerta y una deuda histórica para las comunidades, de la cual —afirman— personajes como Gustavo Gaytán se han aprovechado para lucrar con apoyos fantasma, mientras se impulsa una mayor extracción de agua, como ocurre en San Miguel Xoxtla, donde son criminalizados Pascual Bermúdez y Renato Romero. Exigieron que se deje de aplicar una política racista y criminalizadora contra la legítima demanda de los pueblos frente al saqueo del agua para la ciudad de Puebla y el incumplimiento de los convenios firmados con el SOAPAP, el Gobierno del Estado y la CONAGUA en 1994 y 1997. |