Familiares de personas desaparecidas rechazaron la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) anunciada por la Secretaría de Gobernación (Segob), al denunciar que el proceso se puso en marcha sin consultar a las familias y sin transparentar los criterios para elegir al grupo de especialistas. En una carta pública, madres, padres, hermanas, esposas y buscadoras de más de 135 mil personas desaparecidas cuestionaron la independencia del panel y advirtieron que la revisión podría servir para mejorar la imagen del Gobierno mexicano ante organismos internacionales, en lugar de responder a las necesidades de búsqueda e identificación. A través de la organizacion Glorieta de las y los desaparecidos, familias exigieron conocer el mandato, los objetivos, los plazos y la metodología del grupo, así como los mecanismos que garantizarán su independencia y la participación efectiva de quienes buscan a sus seres queridos. La Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, anunció el 14 de octubre la integración del panel durante la presentación de avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Según la dependencia, más de 16 mil personas han sido localizadas en los últimos meses mediante cruces de información, trabajo territorial y la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Te puede interesar: Iglesia lleva al Papa crisis de desaparecidos en México El grupo, con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, realizará un análisis técnico y científico de las metodologías del registro, propondrá mejoras en la calidad de los datos y planteará reformas legales y administrativas. Entre los especialistas mencionados por el Gobierno figuran Mayank Kejriwal, de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, de la Universidad de Maryland; Ted Enamorado, de la Universidad de Washington en San Luis; Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera, del CIESAS; Esteban Salmón, de la UNAM; Guillermo Guevara, del ITAM, y Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston. 
Sin embargo, para las familias, la revisión de una herramienta indispensable para dimensionar la crisis de desapariciones no puede avanzar sin transparencia ni participación de quienes enfrentan directamente sus consecuencias. Advirtieron que la falta de información sobre el proceso alimenta la desconfianza y cuestionaron que se anuncien cambios sin explicar cómo se definieron ni quiénes podrán intervenir. En su pronunciamiento, las firmantes calificaron el proceso como una posible “campaña de simulación” y reclamaron que la revisión no se limite a un ejercicio técnico, sino que permita conocer con claridad la dimensión de las desapariciones en México. |