La despenalización del aborto voluntario: ¿El fin de las legislaciones contra el derecho a decidir?
Con la nueva reforma al Código Penal de Coahuila, buscamos la opinión de una abogada para conocer los efectos de esta decisión en el país .
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Este 7 de septiembre se sentaron las bases de un hito histórico en México: La despenalización del aborto voluntario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 196 del
Código Penal de Coahuila que penalizaba
el aborto voluntario. Ahora se reconoce que ello contraviene el derecho
constitucional de las personas a decidir sobre su cuerpo y a planificar la vida
que quieren tener. El foco de la acción de la SCJN está en cuestionar si se debe sancionar con prisión a la mujer, o
persona gestante, que decide voluntariamente interrumpir su embarazo y a
quienes que con ese consentimiento ejecutan el acto. Una de las conclusiones del Pleno de la Suprema Corte fue
que se debe reconocer el derecho humano de la mujer y de las personas gestantes
a determinar su sentido de vida y las
decisiones sobre su cuerpo. Además de que con esta resolución buscan terminar con el estereotipo delincuencial de buscar
sancionar penalmente a quien decida interrumpir su embarazo. Esta postura solo
propicia imposiciones, transgresiones y discriminación sobre la libertad y los
derechos de quien decide abortar. Se busca fomentar una
narrativa jurídica actual y que responda a los cambios de la sociedad
mexicana, basado en los principios fundamentales que definen al Estado
mexicano: democracia, laicidad, pluralidad, el derecho y la razón pública. Esta decisión también está
fundamentada en un análisis con perspectiva de género. Por esto se centra
en reconocer el derecho a decidir. Las mujeres son las únicas titulares de su
plan de vida y por ello constituye una obligación del Estado el brindar un ámbito de protección y no de
sanción. Se plantea que la dignidad de las personas gestantes no debe
restringirse por supuestos basados en
constructos sociales y que las contempla solo como instrumentos de
procreación. Se van también tomando en cuenta las implicaciones
específicas de la realidad mexicana: los problemas
por la falta de educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos, por
ejemplo. “Con ésta declaratoria se presentará un nuevo efecto social.
Ahora las mujeres que lleguen a ir a un hospital por alguna complicación
derivada de un aborto, ya no deberían
ser amagadas con amenazas de denuncias penales. Esto ayudará a detener el
abuso psicológico que se da en estos casos”, comentó en entrevista para El
Popular la abogada Anaid Varela
Morales. “Y aunque éstas denuncias ocurran, ya habrá un medio por el cual se puedan amparar y con éste, al ser
un criterio jurisprudencial de la SCJN, ya no podrán ser penalizadas con
prisión” aclaró la egresada por la BUAP. “Por ejemplo, por lo
que respecta a las mujeres presas por aborto hay distinciones: Por un lado, las que están presas en Coahuila con
base a está legislación, su proceso sería nulo porque se basa en algo que ya se
declaró inconstitucional y deben liberarlas”, añadió la legista. “Para las mujeres presas de otros estados, se establece un criterio al que podrían
acceder vía amparo, es decir, presentando un amparo en contra de su
sentencia o en contra de su procesamiento, aludiendo al hecho de que se basa en
una legislación que es igual a otra de la que ya se decretó su
inconstitucionalidad” continuó la jurista. “Por lo que respecta a las legislaciones de otros estados
que tiendan a la penalización del aborto, el
criterio impacta, porque si se aprueban esas leyes por los congresos
locales, se podría presentar una acción de inconstitucionalidad. Esto se
resolvería en el mismo sentido que la jurisprudencia de la SCJN y su estudio
sería mucho más rápido. También puede tener el efecto de desalentar a los
congresos a legislar en ese sentido” expuso Varela Morales. “Se ha creado un precedente muy importante. Todas las legislaciones venideras que
pretendan criminalizar el aborto voluntario se van a topar con acciones de
inconstitucionalidad, que evidentemente se van a presentar, y por lo tanto
esto lograría la legalización del aborto en los Estados en los que se pretenda
legislar en contra. En todo el país ahora
existe el precedente para que se existan los amparos para que las mujeres
ya no sean criminalizadas por abortar” concluyó la abogada.
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