La despenalización del aborto voluntario: ¿El fin de las legislaciones contra el derecho a decidir?

Este 7 de septiembre se sentaron las bases de un hito histórico en México: La despenalización del aborto voluntario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que penalizaba el aborto voluntario. Ahora se reconoce que ello contraviene el derecho constitucional de las personas a decidir sobre su cuerpo y a planificar la vida que quieren tener.

El foco de la acción de la SCJN está en cuestionar si se debe sancionar con prisión a la mujer, o persona gestante, que decide voluntariamente interrumpir su embarazo y a quienes que con ese consentimiento ejecutan el acto. 

Una de las conclusiones del Pleno de la Suprema Corte fue que se debe reconocer el derecho humano de la mujer y de las personas gestantes a determinar su sentido de vida y las decisiones sobre su cuerpo.

Además de que con esta resolución buscan terminar con el estereotipo delincuencial de buscar sancionar penalmente a quien decida interrumpir su embarazo. Esta postura solo propicia imposiciones, transgresiones y discriminación sobre la libertad y los derechos de quien decide abortar.

Se busca fomentar una narrativa jurídica actual y que responda a los cambios de la sociedad mexicana, basado en los principios fundamentales que definen al Estado mexicano: democracia, laicidad, pluralidad, el derecho y la razón pública.

Esta decisión también está fundamentada en un análisis con perspectiva de género. Por esto se centra en reconocer el derecho a decidir. Las mujeres son las únicas titulares de su plan de vida y por ello constituye una obligación del Estado el brindar un ámbito de protección y no de sanción.

Se plantea que la dignidad de las personas gestantes no debe restringirse por supuestos basados en constructos sociales y que las contempla solo como instrumentos de procreación.

Se van también tomando en cuenta las implicaciones específicas de la realidad mexicana: los problemas por la falta de educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo.

“Con ésta declaratoria se presentará un nuevo efecto social. Ahora las mujeres que lleguen a ir a un hospital por alguna complicación derivada de un aborto, ya no deberían ser amagadas con amenazas de denuncias penales. Esto ayudará a detener el abuso psicológico que se da en estos casos”, comentó en entrevista para El Popular la abogada Anaid Varela Morales. “Y aunque éstas denuncias ocurran, ya habrá un medio por el cual se puedan amparar y con éste, al ser un criterio jurisprudencial de la SCJN, ya no podrán ser penalizadas con prisión” aclaró la egresada por la BUAP.

“Por ejemplo, por lo que respecta a las mujeres presas por aborto hay distinciones: Por un lado, las que están presas en Coahuila con base a está legislación, su proceso sería nulo porque se basa en algo que ya se declaró inconstitucional y deben liberarlas”, añadió la legista.

“Para las mujeres presas de otros estados, se establece un criterio al que podrían acceder vía amparo, es decir, presentando un amparo en contra de su sentencia o en contra de su procesamiento, aludiendo al hecho de que se basa en una legislación que es igual a otra de la que ya se decretó su inconstitucionalidad” continuó la jurista.

“Por lo que respecta a las legislaciones de otros estados que tiendan a la penalización del aborto, el criterio impacta, porque si se aprueban esas leyes por los congresos locales, se podría presentar una acción de inconstitucionalidad. Esto se resolvería en el mismo sentido que la jurisprudencia de la SCJN y su estudio sería mucho más rápido. También puede tener el efecto de desalentar a los congresos a legislar en ese sentido” expuso Varela Morales.

“Se ha creado un precedente muy importante. Todas las legislaciones venideras que pretendan criminalizar el aborto voluntario se van a topar con acciones de inconstitucionalidad, que evidentemente se van a presentar, y por lo tanto esto lograría la legalización del aborto en los Estados en los que se pretenda legislar en contra. En todo el país ahora existe el precedente para que se existan los amparos para que las mujeres ya no sean criminalizadas por abortar” concluyó la abogada.