Caso Miriam Vázquez muestra ineptitud de Fiscalía poblana
A pesar que la madre ya recuperó a sus hijas y sus nietas, un juez retiró las medidas cautelares contra el agresor, por lo que quedó en libertad.
Miriam Vázquez, logró recuperar a sus hijas y a su nieta, después de seis meses de ir y venir con trámites burocráticos, omisiones de las autoridades estatales, y la corrupción de un sistema que, simplemente no estaba a su favor.
Y es que Mirian fue víctima de violencia vicaria, pues sus hijas y su nieta le fueron arrebatadas por su expareja sentimental, Ramón N., y quien además había violado a una de sus hijas.
Y es que el pasado sábado, después de más de un mes de tenerlas en custodia, la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del Sistema Estatal DIF; devolvió la custodia de sus dos hijas y nieta a Miriam Vázquez.
Sin embargo, las preocupaciones continúan, pues Miriam solicitó medidas de protección para ella y las niñas debido a que un juez retiró las medidas cautelares a su agresor Ramón N y determinó reponer el proceso, es decir que continuará enfrentando por la vía judicial a quienes abusaron de ella y de su familia. Lee también: Acusa de omisa a Fiscalía de Huauchinango por el caso de sus hijas
El amor se convierte en violencia
El caso de Miriam Vázquez ha estado lleno de diversos delitos, cuando el único fin de esta madre, fue poner a salvo a sus hijas y alejar a una de ellas de quien se convertiría en su violador.
Cuando Miriam conoció a Ramón de 48 años, y decidieron iniciar una relación, ella ya tenía a dos de sus hijas, y con el tiempo la pareja procreó dos niñas. Sin embargo, la relación comenzó a tornarse violenta y llena de discusiones.
El problema de la pareja reventó cuando, Andrea, la hija mayor de Miriam le reveló que su padrastro la había tocado.
Andrea, le confesó a una psicóloga del DIF de Huauchinango, de donde son originarias, que la bebé que había dado a luz a los 15 años, era producto de una violación por parte de Ramón N., su padrastro. El abuso sexual ocurrió cuando apenas tenía 14 años.
Sin embargo, y a pesar de haber interpuesto una denuncia Ramón le arrebató a sus hijas y no le permitía verlas. Lee también: Víctima de violencia vicaria reclama corrupción en rueda de prensa del Gobernador
Violencia vicaria y los abusos de las autoridades
Miriam solicitó ayuda jurídica en la Casa de Justicia de Huauchinango y el 31 de marzo le asignaron a Mario Celotl Gómez como asesor victimal, quien la citó en su oficina particular.
Mario Celotl la atendió bajo el influjo de bebidas embriagantes y le ofreció una que ella aceptó. Misma que asegura contenía una sustancia que la hizo perder el conocimiento. Cuando ella reaccionó, este hombre la estaba violando.
Posteriormente, ella acudió a denunciar a este asesor jurídico a la Fiscalía General del Estado (FGE), solo que hicieron caso omiso a su denuncia. Con el argumento de que había tardado en realizarla y no había pruebas suficientes para comprobar la violación.
Otro golpe para Miriam llegaría el 19 de agosto. Cuando el juez Lucio León Mata fue influenciado por otro juez, Celestino Martínez Bones, medio hermano de Ramón N. para reclasificar el delito de violación a estupro, logrando la liberación de Ramon solo con firma periódica con las autoridades.
Miriam estuvo presente el 22 de agosto en la rueda de prensa del gobernador del estado de Puebla. Dicha acción sólo dejó ver la falta de sensibilización y la nula capacitación en materia de perspectiva de género que tiene las autoridades estatales, pues el propio gobernador Miguel Barbosa, terminó revictimizando a Miriam, lo que le ganó las críticas de colectivos feministas y la propia ciudadanía. Lee también: Renuncian funcionarios tras obstaculizar caso de violencia vicaria
Autoridades continúan sin capacitarse en violencia vicaria y perspectiva de género
Actualmente la capital poblana aprobó una serie de leyes para apoyar a las madres que son víctimas de la violencia vicaria. El pasado 15 de julio de 2022, en el pleno del Congreso del Estado de Puebla se aprobó –por unanimidad– castigar a quien cometa violencia vicaria con 2 años y medio a 10 años con ocho meses de prisión.
Sin embargo, el problema que ahora aqueja a las víctimas de este tipo de violencia es la falta de empatía por parte de los funcionarios en las fiscalías y ministerios públicos quiénes no están capacitados en perspectiva de género. |