María Fernanda León, mujer poblana y madre de un niño pequeño, denunció públicamente ser víctima de violencia familiar por parte de su exesposo, Israel “N”, así como de presuntas irregularidades, omisiones y actos de corrupción dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla y de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Desde una narrativa atravesada por miedo, agotamiento y exigencia de justicia, María Fernanda pidió el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora; y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ante lo que describe como un proceso legal plagado de violencia institucional que ha vulnerado sus derechos y los de su bebé. Un proceso que avanzó para él, pero no para ellaMaría Fernanda relata que el 1 de diciembre de 2024 denunció violencia familiar, pero su carpeta —asegura— no avanzó. Por el contrario, afirma que su agresor presentó una denuncia en su contra, basada en supuestos rasguños ocurridos cuando ella se defendía de una golpiza. Esa carpeta, sostiene, fue integrada en un mes por la agente del Ministerio Público Karen Elizabeth Velazco Ortiz, quien el 25 de enero de 2025 la judicializó ante el juez de control David Rodríguez González.
La mujer afirma además que, cada vez que intenta presentar pruebas de la violencia que vivió, otro agente del MP se las niega, y que incluso desaparecieron valoraciones médicas realizadas por la propia fiscalía que daban cuenta de las agresiones. Acosos, amenazas e irregularidadesMaría Fernanda asegura que fue amenazada por el investigador José María Barragán Baruch, quien —según su testimonio— le advirtió en presencia de la fiscal de género Karla Michelle Salas que, si no seguía sus “recomendaciones”, girarían una orden de aprehensión en su contra y le quitarían a su hijo. La orden finalmente llegó. El 27 de octubre de 2025, el juez David Rodríguez González libró un mandamiento judicial en su contra por supuesto delito de agresión contra su exesposo.
Expediente perdido en el juzgado familiarA la violencia institucional en la vía penal se suma otro frente: la vía familiar. María Fernanda promovió una demanda de guardia y custodia en el Juzgado Familiar de Cholula, a cargo de la jueza Antonia Inés Morales Palacios, pero asegura que su expediente desapareció junto con las pruebas y videos donde, afirma, se aprecia la violencia ejercida por su expareja. Relata además acoso e intentos de presión por parte del secretario de acuerdos Jesús Antonio Concha Cortés, quien —dice— intenta persuadirla para que acepte las solicitudes de su exesposo. Denuncia falta de avance en incumplimiento de obligaciones alimentariasMaría Fernanda indica que presentó también una denuncia por incumplimiento de obligaciones alimentarias, pues su exesposo habría donado bienes a familiares para evadir responsabilidades. Sin embargo, acusa que la agente del MP Evelyn Susana Marín Martínez no ha actuado.
Te puede interesar: Colectivas exigen justicia tras revocación de sentencia a López Zavala “No soy la única; no me dejen sola”Desde su testimonio, María Fernanda denuncia revictimización y una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de protegerla. Pide que su caso sea reasignado a personal honesto, objetivo y sin vínculos de corrupción, y solicita la intervención de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar, y de la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancur. “Temo por mi libertad, por la vida de mi hijo y la mía. No soy la única que ha recibido este trato. No me dejen sola. Si tocan a una, tocan a todas”, concluye. |