¿Cómo te llevas con tu familia?, ¿tienes novio?, ¿Cuándo fue tu primera menstruación?... Estas fueron de las preguntas que tuvo que soportar Marlene ante el Ministerio Público. La razón del interrogatorio era para convencerlos de que había sido víctima de un abuso sexual. 

Llevar a un abusador sexual ante la justicia puede ser lo más complicado en este país. México vive una crisis en derechos de la mujer, cuyas historias resuenan mes con mes ante los cientos de casos de feminicidio que suenan en los medios. 

No significa que antes no sucedieran, simplemente no se visibilizaba. El feminicidio es la forma de violencia más grave que se puede cometer contra una mujer, pero no la única.

Las mujeres mexicanas lidian ante un sistema que beneficia al abusador. Marlene tuvo que convencer al Ministerio Público de que sufrió un abuso sexual para que abrieran una carpeta de investigación. 

A partir de aquella experiencia, Marlene reunió a víctimas de abuso sexual para conformar una asociación civil Mujeres Sobrevivientes en Ciudad de México, la cual se encarga de asesorar y apoyar a mujeres víctimas de agresiones, con el propósito de recabar información y denunciar. 

El resultado es aterrador, a decir de Marlene en una entrevista para El Popular. Ante un sistema judicial que no cuenta ni siquiera con peritos especializados en investigar crímenes sexuales. 

“Sabía que los Ministerios Públicos trabajan fatal, pero no imaginé lo mal que trabajan (...) es el tema del dictamen pericial”, cuenta que a menudo, las víctimas son humilladas física y psicológicamente por las mismas autoridades.

“De entrada, cuando presentas tu denuncia, te llaman y te citan para el dictamen pericial, pueden pasar entre un mes a dos meses y luego el Ministerio Público tiene que integrar la carpeta, primero tienes que convencer al Ministerio Público para que te crea”, nos relató.

En el caso de Puebla, entre enero del 2019 al 2020 se registraron hasta 654 casos de violación equiparada, relacionada con el abuso sexual infantil. De hecho, la entidad poblana figura entre los principales estados con más casos de menores abusados sexualmente. 

En el caso de violaciones sexuales, la entidad poblana registró hasta 906 carpetas de investigación en el periodo de un año.

Samantha Páez Guzmán, directora de Análisis de Violencia Mediática y Digital en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, señaló que, en su mayoría, las mujeres desisten en denunciar una agresión sexual por la pérdida de tiempo. 

Además, las víctimas desconfían de las autoridades ministeriales, pues consideran que no cuentan con las pruebas necesarias para llevar a su agresor ante la justicia más que su palabra. 

Un reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad evidenció que el tiempo que tardas en denunciar un caso de abuso sexual es de hasta 5 horas. Sin contar las investigaciones con peritos para la recopilación de pruebas. 

¿Cómo investigan un delito sexual? 

Una niña de una comunidad indígena en la ciudad de Puebla acudió a la Fiscalía, acompañada de su madre, para denunciar un caso de abuso sexual. 

Ambas deben pasar por tres filtros para levantar una carpeta de investigación: narrar los hechos ante un orador jurídico, después al Ministerio Público y por último una valoración con el perito médico.

Como la madre e hija no hablaban español, no pudieron concretar la entrevista en los primeros filtros, por lo que se les volvió a citar tres días después para llamar a un perito traductor. Pero resultó que el especialista no entendía la variante de náhuatl y no se hizo ninguna entrevista.

Mientras tanto, se les indicó que debían acudir al Hospital General para la valoración con un perito médico, pero no se les especificó a que acudieran de manera inmediata. 

Pasan tres semanas y los agentes del Ministerio Público ni siquiera se han comunicado con la víctima, por lo que personal del Consejo Ciudadano asesora a la menor para que cuente con una atención especializada en la Fiscalía. 

Después de un mes, en personal del Ministerio Público al fin pudo concretar la entrevista con un perito traductor, pero se dan cuenta que la menor no acudió a un hospital para su valoración con el perito. 

Cuando acude ante una unidad médica, la víctima se da cuenta que está embarazada, por lo que sólo recibió profilaxis necesaria para VIH/Sida y otras enfermedades sexuales. 

Este es uno de los muchos casos documentados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad en Puebla. Donde el tiempo de espera es el menor de los obstáculos, ya que la atención y la nula capacitación del Ministerio Público abona para que el abuso sexual se mantenga impune en el estado.

El debate por un Ministerio especializado

Durante las primeras semanas de abril, el Congreso de Puebla inició una serie de foros ciudadanos para discutir la legalización del aborto. Desde entonces, grupos feministas y ProVida se han enfrentado en un debate sobre quién debería asumir la responsabilidad por los embarazos no deseados. 

En uno de los paneles, la abogada penalista Diana Cristal González evidenció la falta de capacitación en perspectiva de género que prevalece en la Fiscalía General de Puebla. 

“Le pido a las diputadas y diputados una capacitación para los Ministerios Públicos con perspectiva de género… ¡Peritos!, urgen peritos. No hay peritos, ginecólogos, psicólogos de trabajo social o de antropología social que atiendan a mis víctimas”, denunció.

La especialista aseguró que para que una víctima de violación sea atendida, tiene que esperar meses para que las autoridades comiencen las indagaciones.

En abril de este año se registraron dos manifestaciones de familias que compartían el dolor de la violencia de género. Ambas buscaban justicia, ambas buscaban respuestas. 

Una de las familias fue la de Mara Castilla, quienes esperaron cuatro años para conseguir justicia para su hija asesinada en septiembre del 2017. 

La Casa de Justicia de Puebla dictó una sentencia de 50 años de cárcel para Ricardo Alexis Díaz López por el crimen de feminicidio en contra de Mara Castilla. 

Por su parte, la familia de Nazaria Iraís, quien fue violada y asesinada en 2017, sigue sin resolución ni justicia. 

La hermana de Nazaria acusó varías inconsistencias por parte de la Fiscalía para recabar pruebas. Recuerda el día que los peritos llegaron a su domicilio para recabar las pruebas, las cuales se las llevaron en bolsas comunes de plástico para guardar la evidencia. 

Le preguntamos a nuestros lectores sus experiencias al denunciar en la Fiscalía de Puebla y esto fue lo que nos contaron:

 "No he denunciado acoso, pero una vez fui a denunciar un asalto y ellos relataron lo que quisieron. 

Sufrí un robo con violencia en el transporte público, cuando fui a la Fiscalía me atendió una tipa super déspota que me pidió relatarle los hechos me dijo: “ok, voy a poner que pasó alguien en bici y te lo arrebató (el celular)”. Le dije que eso no había sucedido y me respondió: “yo no puedo poner que fue robo con violencia así que ten tu hoja y vete”. 

Es una lástima muy grande que las mismas autoridades tomen como ellos quieren los casos, ya que en esa época (hace 5 años) en Puebla supuestamente no había índices delictivos". Jan.

 “Intenté denunciar un caso de violencia y su respuesta fue mejor arréglate por las buenas”. Chícharo.

 “Nunca, por qué el enemigo está en esa casa, los agentes primero te hacen sentir que eres el delincuente”. Michelle.