Ni como taparlo

Primero fue la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. Unas horas después hicieron lo propio un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos.

Como si estuvieran sincronizados, la ONU y el Congreso norteamericano pidieron al gobierno federal mexicano poner mayor atención a la violación de derechos humanos en nuestro país, un tema que se ha profundizado y acaparado la atención mundial.

El miércoles la ONU solicitó directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) mayores resultados. “El presente caso es una importante prueba para que el Estado mexicano ratifique su voluntad para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares de conformidad con los estándares internacionales y en consonancia con lo expresado públicamente por el propio presidente López Obrador”, dijo Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

Por su parte, en una carta enviada al Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, 19 congresistas demócratas pidieron colocar este tema de manera urgente en la agenda de conversaciones diplomáticas con México.

"Los últimos dos años han sido testigos de una violencia récord en México, con aproximadamente 35 mil homicidios anuales. Aproximadamente 30 defensores de derechos humanos y periodistas fueron asesinados en 2020. Más de 80 mil personas han desaparecido desde 2006", dice la carta.

"En este contexto, lo alentamos a trabajar con el Gobierno mexicano para abordar los niveles casi totales de impunidad que permiten a los grupos criminales y agentes estatales perpetrar delitos graves y abusos contra los derechos humanos", apunta la carta dirigida al Secretario Blinken.

La carta-denuncia fue dada a conocer sólo unos días después de que el Presidente Joe Biden tuviera su primer encuentro de trabajo vía remota con López Obrador a través de videoconferencia. Este delicado tema, sin embargo, no ocupó el espacio ni tiempo de conversación.

De ahí que el asunto se haya canalizado a través de otras instancias, pero finalmente es sin duda imperante atenderlo. También preocupa a la ONU y al Congreso norteamericano la manera en que la Guardia Nacional ha ido ampliando su participación en diversos espacios de la vida nacional en México. 

Observan con interés cómo se ha incrementando la tarea y presencia reciente de los militares para aplicar las leyes de inmigración y otras funciones de seguridad interna y desplazar en ello a la Policía Civil y otras entidades federales.

Es de anticiparse el reclamo de algunos sectores políticos en México sobre este tema. Seguramente será interpretado como un desafío del Gobierno norteamericano y de la misma ONU por atreverse a dictar cómo debe nuestro país conducir sus temas y problemas de política interna.

Sin embargo, es oportuno acentuar que el problema de la violación a los derechos humanos y el de asuntos migratorios ya trascienden a un perímetro meramente doméstico. No hay manera de tapar la gravedad del asunto, los datos duros están ahí.

De ahí las “recomendaciones” de entidades internacionales para poner mayor atención a ello y discutirlo por los canales diplomáticos apropiados. Claro está, si nuestro Gobierno accede.

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