Fiscalía requiere a urólogo y al Hospital Puebla para obligar a delincuente a comparecer

¡Vecinos y vecinas!

Ya casi se cumple un mes de qué trabajadores del Ayuntamiento de Puebla afiliados al sindicato Benito Juárez fueron cambiados de plaza arbitrariamente por consigna de su líder charro, Gonzalo Juárez Méndez.

Ahí está el caso de María Tanya Rodríguez Méndez, quien luego de laborar por 10 años como analista consultiva en la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género le llegó un oficio donde le avisaban que ese mismo día debía presentarse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, su nuevo empleo hasta el 14 de octubre de 2027.

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Desde entonces, María Tanya ha buscado justicia a través de varias instancias.

La primera de vez fue a través de un escrito ingresado el 28 de octubre donde solicita la intervención de la Sindicatura encabezada por Mónica Silva Ruiz.

Ante la falta de respuesta, el 4 de noviembre lo volvió a intentar a través de un escrito dirigido a Presidencia y una vez más solicitando audiencia con el presidente municipal.

Nada ha pasado desde entonces. María Tanya se atrevió a confrontar al líder charro y ese fue su castigo: pasarse por el arco del triunfo sus derechos y así sin más la removieron de su cargo.

¿Habrá alguien que pueda defenderla a ella y los basificados que fueron echados a la calle con tal de quedarse con sus cargos?

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Que no se les olvide que ellas, las víctimas, son parte de la clase trabajadora, esa que tanto pregona Morena proteger.

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En temas más alentadores.

Como ven que la Fiscalía de Puebla se puso las pilas y ya requirió al urólogo que emite certificados a modo para ayudar a delincuentes a burlar la ley.

Así como lo lee.

A Ivo Humberto Pineda Somodevilla le quedan dos días para demostrar que su “paciente” Diego Velázquez de Garay, acusado de posesión de droga, arma de uso exclusivo del ejército y por estafar a su mejor amigo con 16 millones de pesos, realmente tiene lo que él diagnosticó como una “litiasis renoureteral izquierda”.

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No solo eso.

El escándalo ya salpicó al Hospital Puebla, donde el médico Pineda Somodevilla tiene su consultorio.

El nosocomio deberá enviar a la Fiscalía a más tardar hoy el expediente médico, la hoja de ingreso y egreso del pseudo paciente, así como los videos de vigilancia donde se constate que Diego estuvo ahí.

Ambos, tanto el médico como el hospital deberán comprobar que Diego, el mismo que días antes fue captado en la “party time” de un antro de lujo ubicado en la Angelópolis, fue intervenido en dos ocasiones por unas piedras en el riñón muy, pero muy necias, por aquello que no quisieron salir a la primera.

De lo contrario, les impondrán una multa de 50 días de salario mínimo, algo así como unos 13 mil pesitos, cantidad irrisoria si nos ponemos a pensar en los 700 mil pesos que, diiiicen, recibió la jueza Lina Claudia Ordóñez Pérez para dejar libre Diego Velázquez la primera vez que fue detenido en 2022.

Por lo pronto, parece que al imputado ya se le cayó el teatro y muy pronto tendrá que comparecer sí o sí por los delitos que cometió.

Y el Hospital Puebla bien valdría la pena hacer una revisión de los médicos que consultan en sus instalaciones y, de ser necesario, hacer una limpia, no les vaya a pasar lo del Hospital Mac con Marilyn Cote.

¡Ah que cosas!

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Vecinas, vecinos, nos leemos mañana. 

Acuérdense que el que se enoja pierde.

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