El proyecto de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan que se pretendía ejecutar en varios municipios de la Sierra Negra poblana quedó cancelado, luego de una lucha legal que se inició desde el 2017, a través de un amparo promovido por la comunidad de Huitzilatl, perteneciente a Coyomeapan, informaron autoridades de esa población e integrantes del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (Mascip).

Explicaron que con el recurso legal que se interpuso se logró que se suspendiera el manifiesto de impacto ambiental con el que la empresa Proyectos Hidroeléctricos, S. A. de C.V., y Proyectos Hidroeléctricos de Puebla S. A. de C. V pretendían sustentar esa obra, además de que con ello también estas firmas desistieron de la ejecución de la misma.

El representante legal de Mascip CNPA, Leonel Rivero Rodríguez y quien se hizo cargo de este litigio detalló que fue en marzo del 2018 que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el estado, determinó dejar sin efecto la licencia de impacto ambiental y por tal motivo las empresas que tenían a cargo la construcción de la hidroeléctrica se desistieron parcialmente de ese estudio ambiental, por ser inviable técnica y económicamente.

El pasado 21 de febrero que el mismo Juzgado decretó el sobreseimiento del juicio de amparo explicando que el desistimiento y la suspensión de la autorización ambiental tiene como consecuencia que no sea ejecutada la etapa del proyecto Atzalan-Huitzilat y por lo tanto la comunidad no sufrirá ningún tipo de afectación en sus derechos, lo cual también beneficia a los municipios de San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán en donde se desarrollaría este proyecto.

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La inconformidad de esta comunidad indígena se debió a que previamente no fueron consultados y se violentaron sus derechos de igualdad, así como a la no discriminación a la preservación del territorio, la familia, alimentación, salud, agua, medio ambiente, entre otros.

Rivero Rodríguez expresó que las empresas antes citadas pueden pretender retomar el proyecto pero será muy difícil que lo puedan ejecutar, debido a que tendrían que repetir todo el proceso legal desde el inicio. 

También tendrían que realizar la consulta a las comunidades indígenas que se verán involucradas y no los actos simulados que se presentaron anteriormente, en donde no se hizo la traducción a la lengua náhuatl y se emitió la información incompleta.

Agregó que esta resolución se deja un precedente de que es posible frenar por la vía legal, los proyectos de muerte, que lejos de traer beneficios a las poblaciones, traen afectaciones no solo en materia ambiental, sino también social.