La reforma a la Ley de Amparo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum dejó ver que tanto los partidos de oposición como los que son partidarios a la 4T no piensan igual con esta nueva modificación. En el PRI, la senadora Claudia Anaya aseguró que el proyecto reducirá las herramientas de los ciudadanos para defenderse en los tribunales.
La legisladora explicó que, aunque parte de la reforma se enfoca en temas fiscales, el efecto real será limitar las opciones de defensa:
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales señaló que la iniciativa presidencial es una forma de acotar los contrapesos al Ejecutivo.
En el caso del PAN y el PRD, no hay una sola línea. Algunos de sus legisladores reconocieron que se necesita frenar abusos en el uso del amparo, sobre todo en casos de lavado de dinero y evasión fiscal. Recordaron que entre 2018 y 2025 se presentaron más de 3 mil 600 amparos contra la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que terminó con el desbloqueo de cuentas por 27 mil millones de pesos. Otros panistas y perredistas, en cambio, ven riesgos en aprobar la propuesta tal como está. Argumentan que los cambios podrían debilitar aún más al Poder Judicial y reducir la defensa de grupos ciudadanos frente a decisiones del gobierno. ¿Qué cambios propone la nueva reforma?El proyecto enviado al Senado establece que el amparo solo se podrá conceder cuando la persona que lo solicite demuestre que el acto reclamado le causa una afectación jurídica real, actual y distinta a la del resto de la población. Con ello, el beneficio de la resolución tendría que ser directo y no hipotético. Otro punto relevante es que el amparo provisional dejaría de proceder en ciertos casos, particularmente cuando su concesión impida al Estado ejercer sus facultades en materia de deuda pública. Tampoco aplicaría cuando el recurso obstaculice las investigaciones sobre operaciones relacionadas con lavado de dinero o cuando frene las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. En el terreno fiscal, la iniciativa busca impedir que nuevos recursos legales retrasen el cobro de créditos que ya fueron declarados firmes por una autoridad competente. Según la exposición de motivos, las impugnaciones actuales generan dilaciones innecesarias que afectan la capacidad del Estado para recaudar y, en consecuencia, para financiar servicios públicos. Te puede interesar: En Morena no existe crisis, sino formas diferentes de pensar: Olga Romero Finalmente, la propuesta incorpora de manera formal el uso de medios digitales en el juicio de amparo, lo que significa la armonización con los juicios en línea que ya operan en el sistema judicial. El objetivo, según el gobierno, es hacer los procesos más ágiles y adaptados a la era digital.
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