El cierre de 2025 estuvo marcado por una secuencia de hechos que evidenciaron desafíos en materia de violencia, justicia y gobernabilidad, tanto a nivel nacional como en Puebla. Entre noviembre y diciembre, el país transitó de la indignación social por crímenes de alto impacto a resoluciones judiciales históricas, mientras la agenda pública se movía entre protestas, espectáculos masivos, debates de derechos humanos y tragedias que reactivaron exigencias ciudadanas. Carlos Manzo y ataque al Bar Lacoss definen noviembre de 2025Noviembre inició con un hecho que marcó la agenda nacional y reavivó la exigencia ciudadana de frenar la violencia ligada al crimen organizado: el asesinato del presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. El sábado 2 de noviembre, el edil fue atacado a balazos en pleno centro de la ciudad mientras participaba en la celebración del Festival de Velas. Las autoridades confirmaron su muerte, la detención de dos presuntos responsables y el abatimiento de uno de los agresores en el lugar. 
En respuesta a este crimen, el 4 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que, dijo, sería fortalecida con la participación de la población de la entidad. La indignación social se hizo visible el 7 de noviembre, cuando familiares, empresarios, transportistas, activistas y ciudadanos de Uruapan realizaron la “Marcha por la Paz y la Justicia”, exigiendo el esclarecimiento del crimen y un alto a la violencia que afecta a Michoacán. En el ámbito estatal, Puebla registró hechos relevantes en materia de infraestructura, cultura y seguridad. El 12 de noviembre, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que la histórica Plaza de Toros El Relicario será sustituida por un nuevo recinto multifuncional denominado Foro “Pensar en Grande”, con capacidad para 7 mil 500 personas y una inversión mixta entre el gobierno estatal y la iniciativa privada. 
Los días 15 y 16 de noviembre, la capital poblana fue sede del festival de música electrónica Dreamfields 2025, realizado en la zona de Los Fuertes, evento que reunió a más de 40 mil asistentes, consolidando a Puebla como un punto clave para espectáculos de gran formato. En paralelo, ese sábado se replicaron protestas como la de Uruapan en distintas entidades del país, incluida Puebla, donde cientos de personas se sumaron a la movilización nacional convocada por la denominada “Generación Z”, que también demandó la revocación de mandato de la presidenta. En la capital, las y los poblanos se concentraron en el Paseo Bravo y salieron con dirección al zócalo de la ciudad y posteriormente se dirigieron a Casa Aguayo. 
Sin embargo, la violencia volvió a sacudir a la entidad el 18 de noviembre, con el ataque armado y el incendio provocado en el Bar Lacoss Night Club, ubicado en la colonia Popular Coatepec. Un grupo armado ingresó al establecimiento, encerró a 14 personas y prendió fuego con gasolina, lo que dejó siete personas muertas. Una semana después, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, presuntamente vinculado con el ataque. Hacia el cierre del mes, el debate público se trasladó al terreno del consumo y la salud. El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar la cancelación de las Caravanas Navideñas de Coca-Cola, al considerar que el evento incurre en publicidad dirigida a menores mediante personajes infantiles, pese a que los productos exhibidos cuentan con sellos de advertencia. Diciembre cierra con una resolución histórica en el caso MonzónDiciembre cerró el 2025 en Puebla con una agenda marcada por la exigencia de justicia, la violencia que cobró vidas y debates de fondo sobre derechos humanos. 
El acontecimiento más relevante del mes fue la condena por el feminicidio de Cecilia Monzón, considerada histórica por la familia de la activista y por organizaciones civiles. El 23 de diciembre, un tribunal declaró culpable a Javier López Zavala como autor intelectual del crimen, así como a Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez como responsables materiales. La sentencia llegó tras un juicio largo, con más de 80 audiencias y múltiples intentos de la defensa por retrasar el proceso. Aunque aún falta definir la pena final, el fallo representó un mensaje claro contra la impunidad en casos de violencia feminicida en Puebla. En el cierre del año, la violencia vial se convirtió en uno de los temas más sensibles. El 10 de diciembre, un accidente en la Vía Atlixcáyotl dejó como saldo la muerte de Maricarmen “Maica” Álvarez y varias personas lesionadas, luego de que un vehículo que circulaba a exceso de velocidad atropellara a una joven y provocara una carambola que involucró a múltiples automóviles. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la zona comercial de San Ángel y generó una fuerte reacción social. 
Tras el accidente, familiares de Maica exigieron a la Fiscalía General del Estado acceso a la carpeta de investigación y la pronta detención de la presunta responsable, al señalar que, pese a que la autoridad afirmó contar con pruebas, videos y testimonios, estos no les habían sido mostrados. Colectivos y activistas de movilidad acompañaron la exigencia de justicia y pidieron que el caso no quedara en la impunidad. En medio de la polémica, la Fiscalía descartó que el siniestro estuviera relacionado con arrancones o carreras clandestinas, y lo atribuyó al exceso de velocidad y la falta de pericia de la conductora involucrada. Sin embargo, el caso reavivó el debate sobre la seguridad vial en Puebla y la falta de controles efectivos para prevenir este tipo de hechos en vialidades rápidas. Diciembre también puso sobre la mesa conflictos sociales no resueltos, como la tensión entre comunidades de Tetela del Volcán, Morelos, y Alpanocan, Puebla, por la falta de una delimitación territorial clara y el acceso al agua. La disputa, que se arrastra desde hace años, sigue generando incertidumbre jurídica y riesgo de confrontación, mientras autoridades de ambos estados intentan atenderla mediante mesas de diálogo. En el ámbito legislativo, el mes cerró con un debate relevante en materia de derechos humanos e inclusión. La diputada Gabriela Chumacero presentó una iniciativa para que las infancias trans puedan solicitar una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género, sin requisitos discriminatorios. Aunque la propuesta se discutirá hasta 2026, abrió una conversación de fondo sobre el reconocimiento legal y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes trans en Puebla. |