Para las mujeres privadas de su libertad, menstruar en condiciones dignas dentro de las cárceles poblanas sigue siendo un lujo. A un año y ocho meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 35/2021 para revertir este problema, el Gobierno del Estado ha sido prácticamente omiso, lo que significa que las mujeres y sus cuerpos cautivos, sangrantes e invisibilizados, siguen habitando los centros penitenciarios sin recibir suficiente atención ginecológica, ni productos de higiene menstrual.

La Red de Educación Menstrual y la organización Mujeres Unidas por la Libertad han visibilizado que en los penales de distintas entidades del país, entre ellos Puebla, las mujeres viven su periodo menstrual usando la misma compresa por más de 36 horas o se ven orilladas a usar calcetines, trozos de esponja que arrancan de sus colchonetas, rellenos de sus brasieres o incluso cartones o papel periódico para contener el flujo menstrual. 

Las toallas de farmacia superan los 15 pesos en la tienda del penal, lo que es un costo elevadísimo para una mujer dentro de los ceresos. Además, si sufren dolores menstruales, no importa la intensidad, no tienen acceso a analgésicos. 

De acuerdo con el oficio CNDH/CGSRAJ/USR-1/1421/2023, la recomendación de la CNDH mantiene en 2023 el estatus de “Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial”, y es que ninguno de los puntos ha sido atendido a cabalidad.

Para las activistas Natalí Hernández, coordinadora de CAFIS, Cintya Ramírez de Red Define Puebla, Alejandra Acevedo, presidenta del Grupo Pro Niñez, Yuteita Valeria Ramos, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Cinayini Carrasco Colotla, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) entre otras, la salud integral de las personas menstruantes en situación carcelaria sigue siendo una deuda en Puebla.

En entrevista, las activistas sostuvieron que la simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el cumplimiento de la recomendación es igual de grave que la negativa a aceptarla, por lo que este incumplimiento constituye, por sí mismo, una nueva violación a derechos humanos.

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En Puebla el problema está agudizado

La Recomendación 35/2021 fue emitida el 31 de agosto de 2021, después de que personal de la CNDH acreditó ciertas violaciones a los derechos humanos, respecto a la protección de la salud en transversalidad con el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como al acceso a una gestión e higiene menstrual digna de las adolescentes y mujeres privadas de la libertad.

La CNDH hizo público que estas mujeres, que en su mayoría tienen entre 18 y 35 años (periodo fértil y menstruante), no contaban en ningún centro penitenciario con atención ginecológica, e identificaron los estados donde este problema es más agudo: Sonora, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tabasco.

Según la investigación de la CNDH, se confirmó que Puebla es uno de los estados que no contaba con un presupuesto específico para la adquisición de elementos de gestión menstrual que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente. 

Más específicamente, encontraron que aunque el Centro de Reinserción Social Distrital de Tlatlauquitepec tiene una partida para la adquisición de tales productos, este presupuesto contempla otros gastos en general designados al centro penitenciario. 

Presupuesto para toallas perdido y donaciones desaparecidas

En la Recomendación 35/2021, en el punto único, dirigido a los gobiernos estatales, la CNDH determinó girar instrucciones para incluir en el próximo proyecto de presupuesto de egresos, un monto asignado a las autoridades penitenciarias, exclusivamente para la adquisición de “elementos de gestión menstrual” suficientes para las adolescentes y mujeres privadas de la libertad en los diversos centros de reclusión de cada entidad federativa, “con el objeto de dignificar la gestión menstrual”.

En el seguimiento que hizo este medio y de acuerdo con la solicitud de información con folio 211204222000385, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó no existía presupuesto asignado ni etiquetado para adquirir toallas femeninas hasta el ejercicio fiscal 2022, cuando se asignó un monto de 156 mil 600 pesos.

Así, presumiblemente, la población de mujeres menstruantes privadas de su libertad, conformada por 635 mujeres, recibieron un promedio de 12 toallas femeninas al mes durante el 2022. 

De acuerdo con otras respuestas a solicitudes de información (folios 211204223000024 y 211204223000023), la SSP adquirió y distribuyó 92 mil 947 piezas de la marca Saba clásica-regular, por las que pagó mensualmente 15 mil 660 pesos desde marzo de 2022 al proveedor del gobierno estatal, Raziel Joel Ramírez León.

Sin embargo, en el Oficio CNDH/P/UT/1722/2022, en octubre de 2022 la CNDH aseguró que, después de realizar la búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontraron documentos probatorios relacionados con el cumplimiento del presupuesto.

Testimonios de familiares de mujeres presas e integrantes de organizaciones que las acompañan, reportaron que sí se han repartido insumos para la higiene menstrual pero que no había sido de manera regular, pues al menos dos entrevistadas aseguraron que seguían dotando a su familiar con los insumos. 

“Hacer llegar a las presas tampones o toallas especiales, no es gratis”. Otra persona visitante reveló que también hay bloqueos por parte de custodios para entregar esos productos. También circulan historias de donaciones de toallas femeninas por parte de organizaciones que no llegan a sus destinatarias.  

Inexistente servicio ginecología

El primer punto de la recomendación de la CNDH, el cual dicta que a la brevedad las autoridades deberán ofrecer “una máxima protección al derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes o mujeres privadas de la libertad”, lo que incluye “acceso irrestricto a la especialidad de ginecología”, no ha sido atendido por el gobierno de Puebla.

La Secretaría de Salud (autoridad corresponsable) refirió en la respuesta a la solicitud de información 211200723000080, que en el marco del cumplimiento a la recomendación 35/2021 realizó una capacitación sobre gestación menstrual e higiene sexual, y un taller  sobre el uso y colocación del condón masculino y femenino a custodios, con la finalidad de las incidencias de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prevención de embarazos no planeados en los centros penitenciarios.

¿Pero eso es garantizar los derechos sexuales? Alejandra Acevedo del Grupo Pro Niñez, sostuvo que en sus años de acompañamiento a mujeres en prisión hasta 2023, nunca ha sabido que les ofrezcan atención especializada en ginecología, a pesar de que hay mujeres con cuadros visiblemente graves. 

“Ya no se pretende atención médica especializada, ginecólogas, medicamentos… ellas no cuentan ni con las medidas de higiene más básicas,  no tienen agua caliente o a veces ni agua. Carecen de todo, comen alimentos caducados, rancios, no tienen papel higiénico, pasta, cepillo de dientes. Los menús de lujo que se dan son frijoles y arroz. Es falso que les den trabajo remunerado. La situación es de verdad crítica”.

SSP: mujeres presas rechazan copa menstrual

Sobre el segundo punto de la recomendación que establece la realización de un estudio sobre la viabilidad de copas menstruales en penales de Puebla a fin de que se analice la adquisición y distribución de copas menstruales, en la respuesta 211204223000024, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró que fue la Secretaría de Igualdad Sustantiva quien realizó el estudio sobre copas menstruales, sin embargo no refirió los resultados ni exhibió el documento.

Solamente informó que “se realizó una informal consulta directa y por comentarios de las mujeres privadas de la libertad se concluyó que el uso de ese dispositivo sanitario no fue aceptado, a pesar de que se les impartió un curso sobre el tema”.

Por su parte, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS), colectivo feminista, impartió cursos y talleres con dinámicas de juego-aprendizaje sobre los mitos sobre la menstruación y abordó específicamente la existencia y uso de copas menstruales. Su alcance fue para 250  mujeres privadas de la libertad en los 14 centros penitenciarios del estado.

Llama la atención que el alcance de las feministas superó los esfuerzos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para realizar pláticas en la “Ruta de formación para mujeres privadas de su libertad por el derecho a la higiene menstrual”, en la que abordó el tema con 149 mujeres presas, número que representó sólo el 59.6 por ciento del alcance de CAFIS.

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Profeco, ausente en la supervisión de precios de toallas femeninas en penales

Cuando el personal del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) visitó los centros penitenciarios de Puebla, encontró que en todos había restricción y dificultad para el acceso a las toallas sanitarias.

La CNDH documentó que en el Centro Penitenciario Ciudad Serdán, una toalla sanitaria tiene un costo de 6 pesos, el paquete con ocho piezas cuesta 40 pesos, y el paquete con 30 piezas, 80 pesos. Por su parte, familiares de estas mujeres afirman que los precios en el penal de Cholula o San Miguel se disparan hasta en un 100 por ciento.

Al respecto, el gobierno de Puebla tampoco cumplió con el Tercer Punto de la Recomendación emitida por la CNDH que establece la colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para verificar que estos productos no rebasen el monto de precio máximo estipulado a fin de proteger, en este caso, a las consumidoras privadas de su libertad.

Hasta los primeros meses de este 2023, en la respuesta con folio 330024522000048, la Profeco y su delegación en Puebla aseguraron que no había ningún convenio con algún centro de readaptación en Puebla y que nunca se han realizado visitas de verificación en esos lugares.

De 36 cursos a custodios, sólo uno sobre gestión menstrual

En el cuarto punto la CNDH instruyó impartir cursos con perspectiva de género sobre gestión menstrual, al personal de Seguridad y Custodia y médico de los establecimientos penitenciarios femeniles “con el objeto de  que conozcan la importancia del respeto al acceso a una gestión menstrual digna y actúen en un marco de respeto”. 

Sin embargo, de los 36 cursos impartidos se advierte que sólo uno: “Gestión menstrual digna desde una perspectiva de género y derechos humanos” guardaba relación con la recomendación 35/2021. Además, la SSP aseguró no contar con el currículum de los especialistas que impartieron los cursos.

SSP: Protocolo de revisión incluye el reemplazo de compresa sanitaria

Para cumplir con el quinto punto de la recomendación 35/2021 respecto a la correcta “recolección, almacenaje y destino de las toallas, compresas y demás desechos sanitarios relacionados con la gestión menstruante”, la SSP aseguró la ubicación de cestos de basura rotulados “para uso exclusivo de los desechos relacionados a la gestión menstrual, y prevenir enfermedades infectocontagiosas”, incluso en los centros de reclusión para varones, considerando que reciben visitantes mujeres.

De los 22 centros penitenciarios (19 de reinserción social y tres regionales), la SSP ofreció como evidencia 3 fotografías de cestos. 

Integrantes de organizaciones, así como familiares de personas presas, aseguraron en entrevista que en los centros no existen espacios de desecho específicos para toallas femeninas.

Además, la respuesta con el folio 211204223000026 incluye un punto calificado por activistas como “perturbador”, pues la SSP señaló que “como parte del protocolo de revisión que se realiza para no infringir la seguridad de la institución, a las visitantes se les solicita reemplazar la compresa sanitaria por una nueva en los cubículos correspondientes”.

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Repartir toallas femeninas no es suficiente

En su revisión nacional, visitadores de la CNDH documentaron que los centros penitenciarios de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco, no se cuenta con espacios dignos para la higiene de las internas; entre muchas carencias se reconoció la falta del agua, por lo que gobiernos de esos estados recibieron una recomendación especial.

La recomendación 35/2021 señala que “la gestión menstrual digna no solo implica el acceso a los insumos, sino a espacios dignos y de suministro de agua potable, suficiente, salubre, aceptable, asequible, ininterrumpido y equitativo”, por lo que tendrían que hacer las adecuaciones necesarias a las instalaciones de los centros penitenciarios para suministrar agua potable de manera suficiente e ininterrumpida a las mujeres privadas de la libertad que ahí se albergan.

En Puebla se concluyó que hay sanitarios sin mantenimiento, fallas importantes en drenaje, sin ventilación o iluminación, y las internas tienen que compartir letrinas con la población masculina en los centros penitenciarios, Otros penales ofrecen la privacidad de una cortina improvisada con plásticos en cada letrina. Los lugares en Puebla con las peores condiciones, según la CNDH, fueron el Centro de Readaptación Social de Chignahuapan y el penal de Libres.

“Las condiciones son en general de carencia al punto que un poco de jabón ya es un lujazo” aseguró Alejandra Acevedo, directora del Grupo Pro niñez.

¿Sucederá lo mismo en el penal de Ciudad Serdán?

El Secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna ha declarado públicamente que la nueva cárcel exclusiva para mujeres en Ciudad Serdán cumplirá con la recomendación de la CNDH, pues las mujeres en reclusión tendrán espacio digno, incluso para maternar, así como atención médica y de especialidad ginecológica.

“No es que no se haga ahora”, aseguró en rueda de prensa.

A 20 meses de la recomendación, recién se ha comenzado con el traslado de al menos 140 mujeres para ser ingresadas al único penal exclusivamente femenil de la entidad que inició su construcción durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, y que pretende albergar más de 650 mujeres. Para ello, se ha hecho público que el gobierno estatal destina un presupuesto de 50 millones 471 mil pesos.

Alejandra Acevedo aseguró que el traslado está siendo improvisado. “Me han llamado para denunciar que fueron ingresadas sin aviso”. Según los testimonios que le han llegado, se las llevan sin sus cosas y sin avisarle a sus familiares. 

La activista lamentó que aunque este nuevo penal promete instalaciones dignas, se encuentra más alejado, dificultando las visitas de los familiares, lo que afecta directamente a los vínculos de las mujeres privadas de su libertad con sus hijos.

“No fue la mejor decisión, no para las presas. Trasladarse será carísimo y peligroso para sus allegados, para abuelas que llevan a sus nietos a visitar a sus hijas, para jovencitas y adolescentes que estarán transitando la zona del Triángulo Rojo”.

Yuteita Valeria Ramos, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas de México y coordinadora de la red en Puebla, recordó que la mayoría de estas mujeres son criminalizadas y tratadas con inferioridad. 

“Estadísticamente, las mujeres presas son morenas, empobrecidas, sin recursos para tener una defensa adecuada y sobre las que recae el mayor peso de la violación a sus derechos humanos y la violencia carcelaria”.