Los detenidos políticos de Miguel Barbosa, ¿justicia o venganza?

Más que actos genuinos para erradicar de fondo la corrupción y la impunidad, las detenciones apuntan a una venganza política donde grupos de interés fáctico se disputan el poder

Los 30 presos políticos presumidos por el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a tres años de su administración distan mucho del discurso para erradicar la corrupción y la impunidad que utilizó como estandarte desde su campaña electoral y que forma parte del discurso del presidente Andrés Manuel Lóprez Obrador y su Cuarta Transformación.

 

Aunque para expertos en el tema las detenciones políticas que se han llevado a cabo en el gobierno de Barbosa Huerta no se pueden catalogar como una cacería de brujas o como una serie de detenciones sistemáticas contra perfiles morenovallistas, galistas o marinistas por la distancia que existe entre cada detención, sí están seguros que no se trata de actos genuinos para atacar la corrupción.

 

“El que se les detenga de manera aislada hace sospechar que puede haber una venganza política en contra y no necesariamente un acto de justicia por un proceder contario a la ley como probablemente hayan incurrido estos personajes”, aseguró Roberto Alonso, coordinador la licenciatura en Ciencias Políticas de Universidad Iberoamericana de Puebla.

 

Para Sergio Mastretta Guzmán, director del portal Mundo Nuestro y periodista crítico, el común denominador de lo que él llama “persecución y encarcelamiento de personajes políticos” es la disputa por el poder entre grupos de interés fáctico.

 

“Barbosa no impulsa una procuración de justicia que fortalezca las instituciones democráticas. Los encarcelamientos de políticos como Eukid Castañón no me parece que sean actos genuinos de justicia; no obedecen a una acción sistemática de procesamiento de las acciones ilegales y los crímenes cometidos por autoridades y personajes de la policía local en los últimos años”, aseguró el periodista.

Los enemigos del poder

 

Entre lo detenidos en esta administración se encuentran funcionarios públicos, empresarios y directores de medios de comunicación, en su mayoría hombres, que han sido encarcelados principalmente por homicidio, corrupción y desvío de recursos. Si algo tienen en común es que fueron piezas claves y soldados del morenovallismo, del galismo o, hasta del marinismo, que de alguna u otra forma fungieron como una piedra en el zapato en las aspiraciones política de Barbosa Huerta o lo traicionaron en el camino.

 

Hasta el momento se han detenido a un auditor, a un fiscal, a por lo menos una decena de presidentes municipales, un secretario de estado y un director de un medio de comunicación, que si bien todos tienen que cola que les pisen, no se puede calificar como un auténtico acto de justicia.

 

En entrevista para El Popular, periodismo con causa, Roberto Alonso Muñoz de la Ibero, aseguró que el impacto de las detenciones no pueden ser relevantes cuando no se les articula en lógicas más sistémicas de esquemas, por ejemplo, de corrupción, donde la corrupción no es un acto individual, si no que usualmente se trata de un fenómeno de carácter sistémico y recurrente, donde hay redes de corrupción o redes de criminalidad, incluso de macro criminalidad.

 

“Se está atacando a un corruptor pero no al fenómeno como tal. Para acotarnos al ámbito de la corrupción, tenemos un sistema anticorrupción en Puebla que ni siquiera se ha acabado de conformar, que está acéfalo en algún sentido, que no cuenta con los recursos suficientes”, dijo el especialista.

 

Para él, ese es un claro indicador de que no existe una apuesta decidida de atender la corrupción como un fenómeno multifactorial desde las diferentes instituciones que pueden no solo investigarlo y sancionarlo, si no también prevenirlo de manera acticulada y no fragmentada.

 

“En tanto no se atienda de esa manera no podemos afirmar con evidencia -sí se puede afirmar políticamente en términos de discurso y demagogia- que hay una política decidida contra la corrupción”, dijo Alonso.

 

 

¿Si no es un acto de justicia genuino, entonces qué aportes a la sociedad dejan las detenciones políticas del gobernador?

 

Para Alonso Muñoz, las detenciones políticas no tienen ninguna repercución social “en tanto no se develen las redes y no se detengan estos compartamientos sistemáticos de los que ellos en su momento formaron parte y que quizá estamos ante la punta del iceberg de diferentes mecanismos de corrupción, criminalidad, delicuenta organizada -en sentido amplio-, de enriquecimiento ilícito”.

 

 

Para Mastretta, la sociedad pierde absolutamente frente al sistema de procuración de justicia y la aplicación de la ley.

 

“Miguel Barbosa no ha modificado las reglas del juego con las que sus antecesores han jugado. No tenemos en Puebla una Fiscalía independiente del poder ejecutivo. Y los jueces siguen sometidos a la voluntad del jefe politico”, afirmó el periodista en entrevista con este medio de comunicación.

 

“La suya es, entonces, la era de una nueva oportunidad perdida para la construcción de un sistema de justicia independiente del poder ejecutivo, autónomo en sus acciones y democrático en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que la sociedad poblana no tiene hoy, como no lo tuvo en los tiempo de los regímenes priista y panista”, concluyó Mastretta.