V. Garay Los detenidos políticos de Miguel Barbosa, ¿justicia o venganza?
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Más que actos genuinos para erradicar de fondo la corrupción y la impunidad, las detenciones apuntan a una venganza política donde grupos de interés fáctico se disputan el poder
Los 30 presos políticos presumidos por el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a tres años de su administración distan mucho del discurso para erradicar la corrupción y la impunidad que utilizó como estandarte desde su campaña electoral y que forma parte del discurso del presidente Andrés Manuel Lóprez Obrador y su Cuarta Transformación.
Aunque para expertos en el tema las detenciones políticas que se han llevado a cabo en el gobierno de Barbosa Huerta no se pueden catalogar como una cacería de brujas o como una serie de detenciones sistemáticas contra perfiles morenovallistas, galistas o marinistas por la distancia que existe entre cada detención, sí están seguros que no se trata de actos genuinos para atacar la corrupción.
“El que se les detenga de manera aislada hace sospechar que puede haber una venganza política en contra y no necesariamente un acto de justicia por un proceder contario a la ley como probablemente hayan incurrido estos personajes”, aseguró Roberto Alonso, coordinador la licenciatura en Ciencias Políticas de Universidad Iberoamericana de Puebla.
Para Sergio Mastretta Guzmán, director del portal Mundo Nuestro y periodista crítico, el común denominador de lo que él llama “persecución y encarcelamiento de personajes políticos” es la disputa por el poder entre grupos de interés fáctico.
“Barbosa no impulsa una procuración de justicia que fortalezca las instituciones democráticas. Los encarcelamientos de políticos como Eukid Castañón no me parece que sean actos genuinos de justicia; no obedecen a una acción sistemática de procesamiento de las acciones ilegales y los crímenes cometidos por autoridades y personajes de la policía local en los últimos años”, aseguró el periodista.
Los enemigos del poder
Entre lo detenidos en esta administración se encuentran funcionarios públicos, empresarios y directores de medios de comunicación, en su mayoría hombres, que han sido encarcelados principalmente por homicidio, corrupción y desvío de recursos. Si algo tienen en común es que fueron piezas claves y soldados del morenovallismo, del galismo o, hasta del marinismo, que de alguna u otra forma fungieron como una piedra en el zapato en las aspiraciones política de Barbosa Huerta o lo traicionaron en el camino.
Hasta el momento se han detenido a un auditor, a un fiscal, a por lo menos una decena de presidentes municipales, un secretario de estado y un director de un medio de comunicación, que si bien todos tienen que cola que les pisen, no se puede calificar como un auténtico acto de justicia.
En entrevista para El Popular, periodismo con causa, Roberto Alonso Muñoz de la Ibero, aseguró que el impacto de las detenciones no pueden ser relevantes cuando no se les articula en lógicas más sistémicas de esquemas, por ejemplo, de corrupción, donde la corrupción no es un acto individual, si no que usualmente se trata de un fenómeno de carácter sistémico y recurrente, donde hay redes de corrupción o redes de criminalidad, incluso de macro criminalidad.
“Se está atacando a un corruptor pero no al fenómeno como tal. Para acotarnos al ámbito de la corrupción, tenemos un sistema anticorrupción en Puebla que ni siquiera se ha acabado de conformar, que está acéfalo en algún sentido, que no cuenta con los recursos suficientes”, dijo el especialista.
Para él, ese es un claro indicador de que no existe una apuesta decidida de atender la corrupción como un fenómeno multifactorial desde las diferentes instituciones que pueden no solo investigarlo y sancionarlo, si no también prevenirlo de manera acticulada y no fragmentada.
“En tanto no se atienda de esa manera no podemos afirmar con evidencia -sí se puede afirmar políticamente en términos de discurso y demagogia- que hay una política decidida contra la corrupción”, dijo Alonso.
¿Si no es un acto de justicia genuino, entonces qué aportes a la sociedad dejan las detenciones políticas del gobernador?
Para Alonso Muñoz, las detenciones políticas no tienen ninguna repercución social “en tanto no se develen las redes y no se detengan estos compartamientos sistemáticos de los que ellos en su momento formaron parte y que quizá estamos ante la punta del iceberg de diferentes mecanismos de corrupción, criminalidad, delicuenta organizada -en sentido amplio-, de enriquecimiento ilícito”.
Para Mastretta, la sociedad pierde absolutamente frente al sistema de procuración de justicia y la aplicación de la ley.
“Miguel Barbosa no ha modificado las reglas del juego con las que sus antecesores han jugado. No tenemos en Puebla una Fiscalía independiente del poder ejecutivo. Y los jueces siguen sometidos a la voluntad del jefe politico”, afirmó el periodista en entrevista con este medio de comunicación.
“La suya es, entonces, la era de una nueva oportunidad perdida para la construcción de un sistema de justicia independiente del poder ejecutivo, autónomo en sus acciones y democrático en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que la sociedad poblana no tiene hoy, como no lo tuvo en los tiempo de los regímenes priista y panista”, concluyó Mastretta.
Funcionaría si…
Para que estas detenciones tuvieran una repercursión social y pudieran ser promovidas como una verdadera bandera contra la corrupción tendrían que “formar parte de una mirada más panomarica, más contextualizda, y más articulada con el funcionamiento de redes ilícitas. Hacia allá tendría de apuntar una investigacón mucho más seria, que busque alejarse de la lectura política de los casos”, aseguró Roberto Alonso.
Para el politólogo, el fenómeno de corrupción si no se combate de manera institucional, multifactorial y articulada seguirá prevalenciendo y en todo caso se podrá pulverizar o deshacerse de ciertos grupos politicos del pasado, pero no se está arreglando el carácter sistémico de la corrupción, lo cual lleva a pensar que los mismos fenómenos se seguirán repitiendo con nuevos nombres y con nuevos grupos políticos.
En el Popular hicimos una selección de la detenciones más sonadas en los medios de comunicación locales, que lograron trascender a las noticias nacionales.
Leoncio Paisano Arias, ex edil de San Andrés Cholula
Fue presidente municipal de San Andrés Cholula entre 2015 y 2018, impulsado por Rafael Moreno Valle, quien impusó su candidatura.
Paisano Arias encarceló al líder del movimiento opositor Adán Xicale y persiguió políticamente a Karina Pérez Popoca, su sucesora.
De acuerdo con varios medios de comunicación, Leoncio Paisano también formó un aparato de espionaje. Su objetivo era localizar a los opositores de Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla.
En su momento fue defendido por la actual diputada federal Genoveva Huerta, dirigente del PAN Puebla durante el morenovallismo.
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Sergio Quiroz Corona, extesorero de San Andrés Cholula
El extesorero de San Andrés Cholula fue detenido el pasado 12 de mayo en Tlaxcalancingo por el delito de despojo en agravio de un campesino en este municipio, ocurrido en junio de 2019, cuando el imputado era regidor en el gobierno de la morenista Karina Pérez Popoca.
La juez Karla Patricia Ambrosio determinó el 15 de mayo que era necesario que el panista quedera preso como medida cautelar mientras avanzaban las investigaciones en su contra, pues se detectaron riesgos de fuga.
El hoy detenido llegó a la administración de Leoncio Paisano, en San Andrés Cholula, como recomendado de Rafael Moreno Valle.
Mientras era regidor, el panista se caracterizó por sus intentos de ser una voz crítica al gobierno en turno y denunció, por ejemplo, irregularidades en el uso de tarjetas de gasolina.
Guillermo Aréchiga Santamaría, exsecretario de Movilidad
El exsecretario de Movilidad y Transporte (SMT) fue detenido el pasado 28 de febrero en el municipio de Atlixco por el delito de corrupción, y es que se le acusó de vender y entregar concesiones de transporte público de manera irregular a sus allegados.
El político fue invitado a formar parte del gabinete del gobernador Barbosa en 2019, pero cuando detectaron las anomalías en la dependencia fue separado de su cargo y el gobierno lo denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
Antes de su salida de la SMT, le fue elaborado un expediente donde se exhibía una supuesta red de corrupción con sus negocios, anomalías y supuestos actos de corrupción.
En su momento se supo que dicho expediente lo integró el que fuera su subsecretario de Transportes (luego también destituido), Seth Yassir Vázquez Hernández. Es decir, Miguel Barbosa fue traicionado por sus propios empleados.
Francisco Romero Serrano, titular de la ASE
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) fue detenido el 25 de febrero de este año por el delito de violencia familiar. Sin embargo, el 4 de marzo la fiscalía informó que también se le detuvo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A Romero Serrano se le vincula con el director del Diario Cambio, Arturo Rueda, pues el imputado fue el contador de ese medio hasta 2020. Actualmente, el exfuncionario está preso en el penal de San Miguel.
José Arturo Rueda Sánchez de la Vega
El director de Diario Cambio fue acusado por el delito de extorsión, denunciado por el hoy diputado local del PRI Jorge Estefan Chidiac en 2015.
Rueda tiene también otra querella en su contra por lavado de dinero y evasión fiscal, dicha investigación la comparte con Romero Serrano y otro personaje identificado como Florentino Daniel Tavera.
El empresario fue esposado por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en un departamento en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México el 21 de mayo, día que había planeado para contraer matrimonio.
José Arturo Rueda era socio en Diario Cambio del diputado federal Ignacio Mier Velazco, actual aspirante a la gubernatura de Puebla por Morena del grupo contrario al mandatario estatal.
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Juan Carlos Fernández Jasso, ex director de Museos Puebla
El ex funcionario ocupó varios cargos públicos y fue detenido por presuntos hechos de corrupción el pasado 1 de marzo, sin embargo, sus abogados lograron sacarlo de la cárcel en un lapso de cinco días.
Aun así, Fernández Jasso cuenta con diversas acusaciones, sus acusaciones surgen de su trabajo como subsecretario de Medio Ambiente en el sexenio del exgobernador Mario Marín Torres, por presuntos hechos relacionados con peculado.
También se le acusó cuando fungía como director de Museos Puebla en la administración del exgobernador panista Antonio Gali por supuesto saqueo de los museos poblanos. Fernández Jasso fue marinista y posteriormente morenovallista.
Inés Saturnino López Ponce, ex edil de Tecamachalco
El exalcalde de Tecamachalco, cercano al grupo de Rafael Moreno Valle, fue detenido por presuntos delitos de desobediencia y resistencia de particulares y amenazas.
El exedil emanado del PAN fue retenido por Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), además cuenta con denuncias por violencia política, supuesta malversación de recursos y abuso de autoridad.
En 2017 fue acusado de ejercer violencia de género contra Ruth Rodríguez Huerta, Yéssica Camarena Morales y Ruth Zárate Domínguez, la última de ellas actualmente es diputada local de Morena, cercana a Miguel Barbosa Huerta.
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Felipe Patjane Martínez, ex edil de Tehuacán
El exedil de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez fue detenido en 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), acusado por los delitos de usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones.
Se encontraba a unas horas de casarse con la exdirectora de Turismo municipal Paulina Vargas Sobrado en Cuernavaca, Morelos, donde se realizaría la boda, la cual fue cancelada.
El exalcalde quien en años anteriores fue cercano a Moreno Valle, fue regañado durante su primer informe de labores (el único que dio) por el gobernador por no atender su recomendación de no contratar solo a perfiles ciudadanos en su gabinete.
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Bernardo Fernández Tanús, exparticular en SEGOB
El empresario y tiktoker fue detenido el 21 de diciembre de 2021, por presuntamente incurrir en saqueo de muebles de Casa Puebla.
Bernardo Fernández Tanús fue el jefe de oficina del entonces Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.
Sin embargo, tres meses y nueve días después de su aprehensión, el 30 de marzo de 2022, Fernández Tanús fue puesto en libertad tras no encontrarse pruebas en su contra.
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Eukid Castañón Herrera, exdiputado federal
Fue subsecretario de gobernación y operador político del panista Rafael Moreno Valle. Fue detenido en marzo de 2020 por extorsión, pero también se abrió una investigación por enriquecimiento ilícito.
También fue señalado como el principal espía del gobierno morenovallista, quien habría recopilado las llamadas que hacían los opositores a la gestión panista e incluso de funcionarios de la actual administración. Actualmente, se encuentra recluido en el Cefereso de Durango.
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Milthon Javier Fregoso Escalera, exdirector IEDEP
Fungió como director del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad. Fue detenido por la expedición de títulos irregulares a morenovallistas reconocidos y a miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cercanos al gobierno de ese entonces.
Facundo Rosas Rosas, exsecretario de seguridad
El secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal durante la administración de Rafael Moreno Valle fue detenido en enero de este año por el homicidio de una mujer, a quien atropelló en la Ciudad de México.
Sin embargo, también está implicado en la operación de “Rápido y Furioso”, con la que ingresaron miles de armas de manera ilegal a México, además no se le han fincado responsabilidades por el caso Chalchihuapan, donde un menor de 10 años perdió la vida.
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Juan Navarro Rodríguez, exedil Ciudad Serdán
Fue presidente municipal de Ciudad Serdán entre 2014 y 2018, y detenido por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad.
De acuerdo con la denuncia que la Auditoría Superior del Estado presentó en abril de 2022, Navarro Rodríguez utilizó 10 empresas inexistentes para simular operaciones fiscales y así desviar recursos públicos que se estiman en 600 millones de pesos.
El exedil inició su carrera política siendo cercano a Mario Marín y posteriormente fue acogido por el morenovallismo.
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Valentín Meneses Rojas, extitular de Segob
El priista cercano al exgobernador Mario Marín Torres fue aprehendido tras ser acusado de ordenar ilegalmente la liberación de tres convictos.
Además fue señalado por el gobernador Miguel Barbosa de obtener su notaría de forma irregular durante el gobierno de Rafael Moreno Valle.
También se le relaciona con el acto de tortura que ejerció Marín Torres contra la periodista Lydia Cacho en 2005.
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Édgar Antonio Vázquez Hernández, ex edil de Teziutlán
Antonio Vázquez Hernández, Presidente municipal panista de Teziutlán entre 2015 y 2018, fue detenido por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
Durante su administración fue protegido por Rafael Moreno Valle para que la Auditoría Superior del Estado aprobara sus cuentas públicas y encubrir su corrupción.
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Gustavo Huerta Yedra, exfiscal metropolitano
Era un perfil cercano a los exalcaldes de Puebla, José Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato.
#ÚltimaHora | Detienen al ex fiscal metropolitano Gustavo Huerta Yedra (@gus_huertayedra) por supuesta falsificación de documentos notariales.
Era un perfil cercano a los exalcaldes de Puebla, @TonyGali y @LuisBanck pic.twitter.com/eVXeHukZs7
— El Popular (@diarioelpopular) December 12, 2022
El exfiscal metropolitano fue detenido este lunes 12 de diciembre de 2022 por supuesta falsificación de documentos notariales.
Venganza política o no, lo cierto es que a cuatro años de gobierno los detenidos de Barbosa Huerta están por alcanzar a los 48 presos políticos documentados durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, el cual fue calificado por expertos de la Ibero como una especie de maximato donde “creció el autoritarismo, hubo impacto negativo en el tema de los derechos humanos y se potenciaron las detenciones ante la crítica y la disidencia social”.
